El Gobierno ha dado hoy su visto bueno al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para "gestionar la reestructuración de las entidades financieras y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración", según ha destacado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Según ha explicado De la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros, aunque el sistema financiero español ha demostrado su "probada solvencia, algunas entidades podrían tener problemas" en un futuro si persisten las dificultades. Por este motivo, ha añadido que el Gobierno pretende facilitar con el fondo la reestructuración bancaria "manteniendo la confianza en el sistema e incrementando su fortaleza". "Vamos a seguir generando confianza y dando apoyo", ha añadido.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha revelado que los Presupuestos Generales del Estado aportarán el 75% de los 9.000 millones con los que está dotado el fondo, mientras el resto provendrá de los Fondos de Garantía de Depósitos. Para ello, el Gobierno al dinero remanente del Fondo de Adquisición de Activos Financieros que no llegaron a ser empleados.

Adicionalmente, el FROB podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y hacer otras operaciones. Esta captación de capital adicional no podrá superar este año tres veces la dotación inicial, es decir, no podrá sobrepasar en este ejercicio los 27.000 millones de euros además de los 9.000 iniciales, con lo que se descarta la opción barajada de llegar a los 90.000 millones.

La propuesta de reordenación del sistema contempla la posibilidad de que el Banco de España obligue a emprender procesos de integración a las entidades que reciban dinero público del FROB en caso de que su viabilidad esté en riesgo. No obstante, antes de llegar a esta última fase, la entidad en problemas deberá buscar una solución privada que podría ser una fusión o el apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas, creados con recursos privados, pero que podrán recibir inyecciones de dinero público.