Unas pérdidas jamás registradas en una empresa británica y el mayor plan de rescate con dinero público en la historia del Reino Unido. La desastrosa situación del Royal Bank of Scotland (RBS) quedó confirmada ayer al conocerse los datos del año 2008. El banco, del que el Estado ya tiene el 70% de las acciones, perdió el año pasado 24.100 millones de libras (unos 26.880 millones de euros). La crisis crediticia se ha traducido en unos números rojos por valor de 6.100 millones de libras, a los que hay que añadir los 16.200 millones (17.837 millones de euros) vinculados a la nefasta adquisición de la banca holandesa ABN Amro en el 2007. En un nuevo intento por reflotar RBS, el Gobierno anunció otra inyección de capital de 14.690 millones, que se suman a los 22.600 millones ya aportados anteriormente, lo que aumentará la participación estatal hasta el 80%.

El Tesoro se arriesgará además a garantizar los activos tóxicos del RBS por unos 367.000 millones de euros. A cambio, la entidad tendrá que pagar un arancel de 7.345 millones de euros y comprometerse a reanudar los préstamos a familias y empresas. De esta forma será en realidad el Estado el que, con dinero de los contribuyentes, trate de reactivar el crédito público. El banco sufrirá una completa reestructuración, que implicará la reducción de una quinta parte de la entidad, lo que puede llegar a afectar a 20.000 empleos.

Con este panorama desolador y sin que esté en absoluto claro cuánto dinero de los ciudadanos se podrá recuperar algún día, cunde la indignación tras conocerse la abusiva pensión de que disfruta Sir Fred Goodwin, antiguo director ejecutivo de la entidad y uno de los mayores responsables de las arriesgadas operaciones que han llevado al que fue un banco conservador y solvente a la quiebra. Tiene a los 50 años una jubilación de 680.000 euros anuales de por vida.

En la Cámara de los Comunes, el ministro de Finanzas, Alastair Darling, le pidió que renuncie al acuerdo laboral, que premia el fracaso de su gestión. Goodwin rechazó la petición, señalando que los ministros conocían y aceptaron su paga.