El Gobierno dio luz verde ayer a los contratos que regularán las relaciones laborales de los más de 250.000 trabajadores autónomos dependientes, es decir, aquellos que perciben de una sola empresa más de un 75% de sus ingresos totales.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros prevé que los transportistas y los agentes de seguros, que componen el 70% de este colectivo, también puedan solicitar sus contratos, aunque se encuentran en un limbo legal, ya que el decreto no tiene rango suficiente para derogar una disposición del Estatuto del Trabajador Autónomo, donde se establece que estos colectivos tenían de plazo hasta el 12 de octubre del 2008.

Uno de los éxitos del estatuto fue definir los autónomos dependientes, cuyas principales características son que no tienen empleados a cargo y están ligados a un cliente principal, muchas veces único. Para ellos, el estatuto establece derechos como las vacaciones mínimas de 18 días al año, el descanso semanal, el disfrute de festivos o la indemnización cuando el cliente rescinda el contrato sin causa justificada o lo incumpla. Todos estos beneficios deberán estar reflejados en un contrato que precisamente ayer el Gobierno reguló por decreto.

A partir de ahora, estos trabajadores tienen tres meses para comunicar a sus empresas su condición de autónomo dependiente si quieren formalizar su relación laboral y dejar por escrito sus derechos. Las empresas tienen un plazo de hasta seis meses para cerrar los contratos.

Luego, será el autónomo el que dispondrá de diez días para inscribir su relación laboral en el registro creado a tal efecto.

MEDIDA ESPERADA El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho reconoció que era "una medida muy esperada". Precisamente, el secretario general de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, y el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, coincidieron en felicitarse por la medida, aunque recordaron que llega muy tarde.

También el Gobierno creó ayer un registro donde se tendrán que inscribir las organizaciones de autónomos que desarrollen su actividad en todo el Estado. Quedan excluidas las que trabajan en una sola autonomía.

El objetivo es establecer su representatividad y determinar la composición del futuro Consejo del Trabajador Autónomo.