El Constitucional y el Supremo viven enemistados desde 1994. Ese año, el primero anuló una sentencia de la sala civil y obligó a un piloto a someterse a las pruebas de paternidad. Diez años después, el Supremo condenó a 11 magistrados de ese tribunal a pagar 5.500 euros por no haber motivado una providencia. Además, el Constitucional ha anulado en dos ocasiones la doctrina del Supremo sobre la prescripción.
