Cara y cruz. La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, provocó ayer una cascada de reacciones. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no escondió su "total, radical y absoluta" discrepancia con el fallo. Mientras, los financieros pidieron a sus abogados que les defiendan en todas las instancias y el PSOE anunció que estudia reformar la ley para regular la prescripción de los delitos.
Conde-Pumpido recordó que la fiscalía ha defendido ante la Audiencia de Madrid, el Tribunal Supremo y el Constitucional la condena de los Albertos por haber estafado a sus socios cuando vendieron los terrenos de Urbanor en los que se construyeron las Torres KIO de Madrid. Mientras, los 28 accionistas afectados del caso confiaron en cobrar las indemnizaciones de 40 millones de euros que les deben los Albertos, pero los financieros han ordenado a sus abogados que les defiendan para recuperar el dinero pagado a sus víctimas.
