Los sindicatos CCOO y UGT reaccionaron ayer con elogios a la justicia por la condena a tres años de cárcel que obligará a un empresario a ingresar en prisión por no velar por la seguridad de dos empleados que fallecieron. Pero no se dieron por satisfechos con el fallo contra un pequeño empresario y pidieron a los jueces que den un paso más y condenen a penas de cárcel también a los presidentes de grandes compañías que sufran accidentes laborales por vulnerar la ley de prevención laboral.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número seis de Barcelona ratificada por la Audiencia de Barcelona --adelantada ayer por este diario-- condena a Manuel Macías Moya a tres años de prisión por la muerte de dos pintores que cayeron de un andamio en la avenida del Paralelo de la capital catalana.
UGT calificó el fallo de "punto de inflexión", al considerar que "hará reflexionar a los empresarios que piensan que la responsabilidad se puede subcontratar a alguien externo y para aquellos que piensan que saldrán impunes de un accidente", según dijo Dionís Oña, responsable de salud laboral del sindicato.
LAS CUPULAS DIRECTIVAS Oña apuntó la necesidad de que los jueces lleven la responsabilidad empresarial en los accidentes hasta las compañías que actúan como origen de la subcontratación y sus cúpulas directivas.
Para el dirigente de CCOO Joan Coscubiela, los jueces tienen que exigir responsabilidad a la compañía que contrata las obras cuando se produce un accidente, y no solo al pequeño subcontratista. "Espero --dijo-- que los tribunales no solo condenen a empresarios con unos cuantos trabajadores, sino también a grandes empresarios". Coscubiela opina que la reciente sentencia "puede poner orden en el cumplimiento de la norma por parte de las empresas".
CRITICAS EMPRESARIALES Sin entrar en el fondo de la sentencia, el presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, Rafael Romero, calificó de "muy preocupante la pendiente peligrosa de criminalizar a los empresarios de los accidentes laborales". A su juicio, "quien piensa que la solución al problema vendrá de la criminalización de los empresarios es alguien frívolo e inconsciente. Lo sustantivo, que es mejorar la prevención, no se logrará metiendo a empresarios en la cárcel a posteriori de las muertes".
Para el dirigente empresarial, hay condenas a empresarios que son "discutibles" porque un proceso penal requiere una especialización en la construcción de los inspectores, los fiscales y los jueces que no siempre se da. Romero recordó la responsabilidad de los trabajadores en utilizar los equipos de protección.
PETICION DE INDULTO Mientras, el empresario Manuel Macías Moya, condenado a tres años por la muerte de dos trabajadores, pedirá al Gobierno español el indulto para evitar su ingreso en la cárcel, según explicó ayer su abogado. Un juzgado de ejecutorias iniciará en breve los trámites para el cumplimiento de la sentencia que comportaría, en principio, el encierro del imputado en un centro penitenciario, al superar la condena los dos años de reclusión.
El abogado del empresario, Ignacio Roses, solicitará en el juzgado la suspensión de la ejecución de la condena --es decir, que Macías no ingrese por ahora en la cárcel-- hasta que el Ejecutivo resuelva su petición de indulto. Tanto el letrado como la familia han descartado recurrir al Tribunal Constitucional. La empresa de Macías, que se dedica a rehabilitar edificios, sigue funcionando y tiene cuatro empleados.
