Tribunales

El juez propone procesar a Quique Pina tras provocar un 'agujero' de 45 millones al Granada CF

El magistrado Santiago Pedraz promueve que el expresidente del club y otros empresarios se sienten en el banquillo por un delito contra la Hacienda Pública por no tributar 9,4 millones de euros

El expresidente del Granada CF Quique Pina celebra el ascenso del club en 2011.

El expresidente del Granada CF Quique Pina celebra el ascenso del club en 2011. / Miguel Ángel Molina

Tono Calleja Flórez

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha propuesto sentar en el banquillo por un delito contra la Hacienda Pública al expresidente del Granada CF Enrique Pina; pero también al empresario italiano Gino Pozzo Linda, como "titular real" del club; al "principal colaborador” del anterior, Jordi Trilles Pardo; y a Raffaele de la Riva, que es titular y administrador de la empresa luxemburguesa Fifteen Securitisation SA. Esta firma, que supuestamente prestaba dinero al club para sus fichajes, en realidad fue utilizada para "vaciar la tesorería" de la sociedad anónima deportiva y defraudar el Impuesto de Sociedades de 2013, según consta en un auto de 7 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Fuentes de los acusados han defendido ante las preguntas de este diario que Quique Pina sólo se ocupó de la gestión deportiva del club y que la resolución de Pedraz ya ha sido recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el mismo sentido destacan como positivo que el juez haya desistido de imputarles un delito de blanqueo de capitales. También advierten de que han presentado un incidente de nulidad de las actuaciones que podría impedir que sean sentados en el banquillo de los acusados.

“La realidad es que esta pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de cuarenta y cinco millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual”, destaca por su parte el instructor. Entre 2011 y 2018 la firma Fifteen Securitisation SA aportó al Granada CF SAD en torno a diecisiete millones de euros, mientras que recibió más de sesenta y dos millones de euros lo que hace que el coste para el club de fútbol de este modelo de financiación externa supere el 50% anual, prosigue el magistrado.

El magistrado concluye, por ello, que las investigaciones realizadas han aportado "sólidos indicios" de que el investigado Gino Pozzo Linda puso en marcha "un plan criminal" que, a partir de hacerse en 2009 con el control del Granada CF SAD, le permitió eludir la tributación de las plusvalías que obtuviera el club en los traspasos de jugadores.

Desde Luxemburgo

Mediante una "compleja estrategia" transfirieron "artificialmente a Luxemburgo" los fondos, con lo que obtuvieron "un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda pública", completa la resolución judicial, que sitúa el fraude en 9.441.897 euros.

El auto incluye también como procesados a la Sociedad Anónima Deportiva del Granada CF y la empresa luxemburguesa Fifteen Securitisation SA, quien supuestamente financiaba los fichajes del club, que ahora milita en Segunda División. A cambio de adelantar estos pagos, el club se comprometía a ceder el 95% del importe que en el futuro se obtuviera por el traspaso a un nuevo club de fútbol profesional. Un negocio supuestamente redondo para ambas partes.

Quique Pina.

Quique Pina. / EFE

Sin embargo, la realidad era muy distinta, según el juez Pedraz. En 2009 los acusados consiguieron el control del Granada CF, y en ese momento comenzaron a desplegar un conjunto de "estructuras opacas" para esconder a los auténticos dueños de los fondos que desembolsaron.

Para hacerse con el control del proceso concursal el investigado Gino Pozzo Linda adquirió un importante porcentaje de los créditos de la entidad deportiva, haciendo uso para ello de la mercantil española Daxian 2009, SL, que fue clave en la operación. El empresario italiano controlaba esta firma, pues era formalmente partícipe mayoritario en el capital, y de la luxemburguesa Albanos Trust SA, utilizada en las operaciones bajo sospecha.

Pina, administrador

El plan para controlar el Granada CF se constata en el contenido de un correo electrónico de 25 de junio de 2009 cuyo remitente es el investigado Raffaele de la Riva, y cuyos destinatarios son Jordi Trilles Pardo y Gino Pozzo Linda. En el citado mensaje se contiene un calendario de acciones diseñado con esta finalidad. Así, ese mismo día se acuerda transmitir las participaciones de la empresa Daxian 2009 a Enrique Pina, que fue nombrado administrador.

Las instrucciones siguientes revelan créditos cruzados, que complicaron las pesquisas de la Policía Judicial. Al final de todo el proceso la mencionada Daxian 2009, que estaba a nombre de Enrique Pina, fue transferida a Albanos Trust, representada por De la Riva: "La estrategia se completa con el otorgamiento de plenos poderes tanto en materia deportiva como en la gestión ordinaria del Granada CF al investigado Enrique Pina", destaca el magistrado.

El 2 de agosto de 2011 Daxian 2009, SL suscribió 34.910 acciones del Granada CF por un total de 5.236.500 euros, que suponían un 98,13% del capital de la sociedad anónima deportiva, que ascendía en total a 5.336.100 euros. Ya al frente del club andaluz, los acusados dieron un segundo paso. Compraron, utilizando la sociedad Orange Chiffon Trading Limited, radicada en Emiratos Árabes Unidos, los derechos de varios jugadores profesionales de la plantilla del Granada CF por un precio conjunto de 8.600.000 euros.

"Artificio contable"

Según el instructor, esta operación "solo puede calificarse como un artificio contable. [...] Con esta transmisión el club obtiene una sustanciosa plusvalía de importe 8.600.000 euros, a la vez que verá reducido su saldo patrimonial y con ello el capital social mínimo de la futura sociedad anónima deportiva", completa Pedraz, que recuerda que el juez que se encargó del concurso de acreedores llegó a la misma conclusión, pues calificó la operación como "un artificio de carácter contable cuyo objeto real era rebajar el importe del capital social de la futura sociedad anónima deportiva y no desprenderse de los derechos federativos sobre los jugadores".

Completada esta primera fase del plan, prosigue el juez en su relato, comienza la estrategia de defraudación para que el Granada CF SAD no tributase el Impuesto sobre Sociedades por las plusvalías que pudiera obtener con los traspasos de sus jugadores.

Para ello los procesados recurrieron a la supuesta financiación de la entidad de titulización luxemburguesa Fifteen Securitisation SA. Firmaron un contrato de cuentas en participación, que permitiría al club acometer el fichaje de un conjunto de jugadores a cambio del 95% del importe que en el futuro se obtuviera por su traspaso.

7,5 millones

El ascenso en 2011 del club a Primera División permitió a los investigados aumentar su volumen de ingresos. Pozzo Linda hizo numerosas transferencias entre sus empresas para que el Granada CF solucionara sus problemas financieros, por lo que llegó disponer en su tesorería de un importe cercano a los siete millones y medio de euros.

Con las cuentas en positivo y ante el previsible aumento de los ingresos del equipo, que ya jugaba en Primera División, el Granada CF no necesitaba financiación externa para comprar jugadores. Sin embargo, los investigados formalizaron varias operaciones con entidades vinculadas a Pozzo Linda, que redujeron al mínimo la tesorería del club ‘nazarí’.

El juez destaca, además, que Pina y el resto de investigados realizaron “un movimiento estratégico” que buscaba protegerse de Hacienda. Así, poco después de que Pozzo se hiciera con el control del club, el investigado Jordi Trilles elevó una consulta a la Dirección General de Tributos que buscaba protegerse ante una posible actuación administrativa de comprobación tributaria.

Ocultó información

Pero en la citada consulta el club ocultó información relevante que hubiera cambiado el sentido de la respuesta de Hacienda. Como por ejemplo que el titular real del club y de la sociedad luxemburguesa que se utiliza para financiar los fichajes es la misma persona, el investigado Gino Pozzo. Tampoco se alude a la utilización de cuatro sociedades de Emiratos Árabes Unidos; pero sobre todo no se menciona que los fondos que se invierten provienen, en una parte muy importante, hasta 5.900.000 euros, del propio club.

Además, el Granada CF SAD tampoco siguió el criterio que el órgano consultivo le proporciona en su respuesta, pues también ocultó en sus cuentas anuales los gastos financieros a los que incurrió y su “elevadísimo importe”.

En resumen, se oculta que lo único que hay es una estructura formada por una multitud de entidades meramente instrumentales que permite vaciar la tesorería del club para crear una necesidad de financiación externa y, en base a esa pretendida financiación, trasladar las plusvalías que se obtienen con los jugadores fuera de nuestro país”, destaca el juez Santiago Pedraz.

No lo necesitaba

En este escenario cada vez que el Granada CF adquiría o vendía los derechos de un jugador recibía o transfería los fondos a la entidad luxemburguesa. “Si se compara esa cifra con los fondos que salen de la tesorería del club sin otra finalidad que crear la necesidad de una financiación externa (7.100.000,00 euros), la única conclusión debe ser que el club no necesitaba esa fuente de financiación externa y hubiera podido hacer frente a esa diferencia con recursos que se hubieran generado en el curso de esas cuatro temporadas”, prosigue el auto, que recuerda incluso que los fondos que entrega la sociedad luxemburguesa al Granada CF para los fichajes procedían en su mayor parte del propio club.

Esta conclusión se obtiene del análisis de un documento denominado ‘Utilizzo fondi dal 28.10.2011 al 15.03.2013’ que contiene la información de los movimientos de fondos que se invierten en el club tanto para hacerse con su control, como para los fichajes de jugadores.

La mayor parte de estos fondos (5.900.000,00 euros) salieron de la tesorería del club “sin otra finalidad que fabricar la necesidad de una financiación externa”, dice Pedraz. Y para ello diseñaron una estrategia, que se iniciaba con el dinero del club, que primero iba a dos sociedades; después a otras cuatro de Emiratos Árabes Unidos, y finalmente a la luxemburguesa que prestaba el dinero al Granada CF.

Como ejemplo de esta operativa, el club transfirió 4.000.000 de euros a Orange Chiffon Trading Limited y 1.900.000 euros los invirtió en un bono emitido por otra firma luxemburguesa: Wealth & Capital Securitisation SA.

Emiratos Árabes

Desde estas dos entidades el dinero se hizo transitar por varias sociedades de Emiratos Árabes Unidos para retornar Fifteen Securitisation SA. Esta utilizó el dinero procedente del Granada CF para la supuesta financiar del club en la adquisición de los derechos de los jugadores. La última empresa luxemburguesa, cuando recibe los derechos de los jugadores, emite bonos respaldados por esos derechos, que son adquiridos por varias empresas propiedad de Gino Pozzo Linda, que de este modo se convierte en el titular real de toda la inversión.

El juez concluye que la familia Pozzo es dueña del club, pero también del equipo inglés Watford y del italiano Udinese. Resalta también que una auditoría vincula a la luxemburguesa Fifteen Securitisation SA con el supuesto accionista mayoritario del club (Gino Pozzo, pero a través de Raffaele Riva, administrador de la luxemburguesa y presidente del Watford).

Sin embargo, la dirección del club especificó en una auditoría que a 31 de diciembre de 2014 esta familia italiana no era la propietaria del club, un hecho que Pedraz lamenta no poder comprobar pues la auditoría no tuvo acceso a la estructura accionarial del club.

9 meses de cárcel

Según adelantó el diario El País, Pina y varios de sus familiares pactaron de forma reciente una condena de 9 meses de cárcel tras admitir que impulsaron “diversas maniobras de vaciamiento patrimonial” para eludir su millonaria deuda con Hacienda, creando todo un entramado de “testaferros” y empresas “instrumentales”.

A preguntas de esta redacción, un portavoz del club ha asegurado, de forma literal: "Los hechos que se instruyen en las diligencias referenciadas sucedieron antes de 2016, cuando la actual propiedad adquirió el Granada CF. El Granada CF defenderá sus derechos a lo largo del procedimiento".