El pulso legal entre el Córdoba CF y la empresa Tremón, propietaria de los terrenos de la Ciudad Deportiva de Camino de Carbonell, se mantiene en todo su vigor a pocos días -el 15 de febrero- para que ambas partes se vean en sede judicial, en una vista en la Ciudad de la Justicia para el lanzamiento del club de estas instalaciones. Fuentes de la entidad blanquiverde admiten cierto pesimismo sobre un posible acuerdo antes de ese día. De hecho, el Córdoba CF mantiene preparado todo su arsenal legal ante la hipótesis de que deba presentarse en vía judicial.
Se trata de un proceso derivado de la época de Rafael Gómez en la entidad blanquiverde, que continuó enrocándose con Carlos González y Jesús León como propietarios y que, ahora, con Infinity como poseedor de la unidad productiva del club, parece llegar a un punto final en el que solo el acuerdo con la empresa puede evitar una situación límite.
El punto crítico es esa vista judicial del 15 de febrero. Fuentes de la entidad blanquiverde admiten que Infinity lleva más de un año intentando llegar a ese acuerdo con Tremón, con el ingrediente añadido de la compleja regularización de los terrenos. Esto implicaría, de hecho, una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Córdoba que, de momento, no se ha producido. Ni siquiera en este punto el Córdoba CF y Tremón han alcanzado una vía de aproximación para un asunto, el de la regularización, que abriría un nuevo escenario a ambas partes.
Desde un punto de vista económico, las posturas, a poco más de una semana de la vista judicial, siguen lejanas. En la entidad de El Arcángel entienden que las pretensiones de Tremón están lejos de lo que considera el Córdoba CF. Hay, en el fondo, un problema de estimación del valor de los terrenos de Camino de Carbonell. Como alternativa, Infinity siempre ha planteado a la empresa la posibilidad de establecer un canon para el uso a préstamo de las instalaciones desde su llegada al club y el cambio de sociedad del Córdoba CF a través de la unidad productiva. Tampoco en este punto ha habido entendimiento, de nuevo, por diferentes pareceres en ambas entidades sobre el precio de ese canon.
Posibles acuerdos antes y durante el juicio
En todo caso, y pese a que el club, en estos momentos, es pesimista sobre la posibilidad de llegar a ese entendimiento económico, el acuerdo sigue siendo posible en estos días que restan para que los tribunales juzguen el caso e, incluso, durante la vista judicial del 15 de febrero. Fuentes de la entidad blanquiverde entienden que Tremón puede obtener un provecho del uso a préstamo, por parte del club, de las instalaciones mientras se llegue a un trato, más complejo y que necesita del aval del Ayuntamiento, para su traspaso previa regularización de los terrenos.
En todo caso, Tremón, como propietario y parte afectada del litigio, también guarda la calma y se encamina a la posibilidad de que sea en sede judicial donde se facilite la entente o, en caso contrario, que los tribunales decidan definitivamente el posible lanzamiento del Córdoba CF de la Ciudad Deportiva.
Un plan B
Visto lo visto, y siempre con esa opción de que el acuerdo pueda llegar en estos días hasta la vista judicial e incluso en el juzgado, el Córdoba CF trabaja ya en una alternativa para los entrenamientos del primer equipo y los partidos del fútbol base, que se desarrollan hasta el momento en las instalaciones de Camino de Carbonell. Las citadas fuentes del club blanquiverde manejan opciones para que el plantel de Pablo Alfaro pueda ejercitarse dentro de la capital o en el extrarradio.
Supondría, obviamente, un contratiempo importante en la recta final de la primera fase de esta temporada 2020-21 y en la segunda fase por el play off de ascenso. Pero, dentro de esta madeja legal y prácticamente ya judicial, permitiría que el club solvente un problema a corto plazo mientras mantiene su interés máximo en encontrar la vía que dé tranquilidad a medio plazo previo acuerdo con Tremón.
Hay que recordar que, en caso de que la vista judicial se desarrolle sin que haya una entente, la resolución podría dictarse en el plazo de dos semanas, a contar desde el 15 de febrero. Y, 30 días después de dicha resolución judicial, los funcionarios judiciales y policiales podrían personarse en la Ciudad Deportiva para proceder al lanzamiento.
