El administrador concursal de Grucal Infraestructuras, Ernst & Young Abogados, ha reclamado a Carlos González el pago de 1.365.822 euros que, según la contabilidad de la empresa y la relación de bienes inventariados en el concurso de acreedores, aparecen como cantidad pendiente de abono por parte del empresario madrileño, que fuera propietario del Córdoba CF SAD entre junio del 2011 y enero del 2018, según autos del concurso 678/2019 que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba.
Según diversa documentación a la que ha tenido acceso este periódico, como la relativa a dicho concurso de acreedores, así como otras fuentes, Ernst & Young Abogados ha solicitado oficialmente a Carlos González que pague esos 1,4 millones, deuda procedente según el propio administrador concursal de la documentación hallada en la empresa por los trabajos realizados en su domicilio particular en La Moraleja, en 2015, y que aún no han sido abonados por el que fuera dueño del paquete mayoritario de la entidad blanquiverde.
De hecho, según el inventario de la masa activa del concurso de acreedores de Grucal Infraestructuras (la relación de bienes y derechos de cobro de la concursada) realizado el pasado mes de julio, Carlos González es el mayor deudor de la que fuera constructora de Jesús León, ya que el total de cantidades pendientes de abonar a la concursada es de 2.578.442 euros, de los que los mencionados 1.365.822 euros deben ser abonados, según el administrador concursal, por Carlos González.
Grucal Infraestructuras se encuentra en fase de liquidación después de que entrara en concurso voluntario de acreedores el pasado enero por el método abreviado. La empresa llegó a esa situación después de que unos meses antes, en abril del 2019, León la vendiera a Spain Gestión de Medios SL, una firma cuyo titular es Rafael Ángel Romero Bravo, que fue quien solicitó la entrada en concurso de acreedores.
La petición del concursal de Grucal tiene una alta trascendencia, ya que en la documentación existente en la constructora aparecen las certificaciones de obra del domicilio particular de González en Madrid, aunque no el abono de las mismas. Es más, el administrador concursal reclama a González a título personal, no a Azaveco, el importe de dicha reforma, cerca de 1,4 millones de euros, y lo hace casi en el mismo periodo de tiempo en el que la investigación de la Guardia Civil señalaba que el pago de la reforma lo realizó el Córdoba CF, según la documentación a la que accedió la Benemérita tras el registro del domicilio particular de León y, sobre todo, de las oficinas de El Arcángel.
En resumen, Ernst & Young Abogados posee las certificaciones de obras del domicilio particular de González, pero no el abono contable de las cantidades. Por su parte, la Guardia Civil concluye en su investigación que, bajo su criterio, fue el Córdoba CF el que pagó la obra.
Una reclamación más a González
La reclamación contra Carlos González se une a la de ocho millones que suponía saldar la deuda del Córdoba CF SAD, entonces en concurso, en el momento de su compra, 2011, y que aparecía recogida en el contrato de compraventa de Prasa, una reclamación reactivada por los exadministradores judiciales de la entidad blanquiverde. La constructora cordobesa, además, le reclama otros seis millones de euros por lo que entiende un incumplimiento de una cláusula penal suscrita en el mismo contrato de compraventa de junio del 2011.
Finalmente, el que fuera dueño del paquete mayoritario de la entidad blanquiverde también se encuentra inmerso en la causa por la querella interpuesta en su día por el Córdoba CF SAD -bajo el mandato de León- por administración desleal, actualmente en el Instrucción número 3, que fue el que pidió al Instrucción número 5 que le trasladara toda la información relativa a González hallada en la investigación que se sigue contra Jesús León por la comisión de cuatro supuestos delitos, y en la que se dedujo que la reforma del domicilio particular de González, en Madrid, fue abonado por el Córdoba CF.
Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 8 determinó el embargo de los derechos sociales y políticos de las acciones del Córdoba CF SAD a nombre de Azaveco, así como de diversas fincas urbanas en Madrid y Málaga, en las que la firma de González aparece como titular, a causa de la citada denuncia de Prasa por la cláusula penal de seis millones de euros.
