El informe mensual que los administradores judiciales del Córdoba CF SAD trasladan al Juzgado número 5 para rendir cuenta de sus actuaciones presenta, en su cuarta entrega, un llamativo punto. Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu acompañan el escrito con un informe sobre "determinadas operaciones del Córdoba CF SAD realizadas en el periodo comprendido entre las temporadas 2011-12 y 2019-20, en el cual se relacionan aquellos hechos detectados en los que participó el CCF SAD y sobre los que concurren, en nuestra opinión, indicios sobre el carácter ficticio o fraudulento del acuerdo o negocio que los hubiera amparado, con un perjuicio para la sociedad". Así lo expresa el documento enviado al Juzgado, al que ha tenido acceso este periódico.

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El periodo en el que se detectan operaciones con indicios ficticios o fraudulentos corresponde a los años de gestión de Carlos González y de Jesús León, presidentes y máximos accionistas de Azaveco y Aglomerados Córdoba, empresas que manejaron la propiedad del club blanquiverde. Los administradores judiciales ponen en conocimiento del juez los hechos, al considerarlos causa de perjuicio para la sociedad, dejando al magistrado del Juzgado 5 el paso de calificarlos como infracciones en el ámbito civil o penal, o decidir que no existen causas punibles. La detección de estas conductas simuladas o fraudulentas abarca los diez últimos años, incluyendo también la parte final del periodo de Prasa al frente de la sociedad anónima del CCF.

El listado de presuntos delitos que exponen los administradores judiciales recoge los principales episodios de la batalla judicial en el último decenio, que en orden cronológico tiene su primer y principal punto en los famosos 8 millones de euros que Ecco Documática iba a abonar a Prasa en junio de 2011, cuyo destino era rebajar la deuda del concurso que se inició cuando Carlos González accedió a la propiedad. Estepa y Bernabéu también destapan presuntas irregularidades en la financiación de la operación -finalmente frustrada- de la contrucción de una nueva Ciudad Deportiva, con contratos y facturas con difícil soporte a tenor de las fechas.

También exponen el caso del reparto de dividendos -histórico, según se anunció en su momento- para los accionistas de la SAD tras el efímero tránsito por la Primera División, el pago de distintas retribuciones personales para cargos de alta dirección y para los propios presidentes -Carlos González, su hijo Alejandro y Jesús León- y gastos no vinculados al objeto social del Córdoba.

Distintos pagos a empresas de Joaquín Zulategui (WACC) y Magdalena Entrenas (Sanivo Abogados), contratos de prestación de servicios con las empresas de Luis Oliver durante su etapa en el club junto a Jesús León y varios descuadres en los ingresos por taquilla en la etapa de León son otros de los puntos que los administradores judiciales han expuesto.

En el informe de los administradores judiciales al Juzgado 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de febrero y 9 de marzo, éstos destacan la "disminución de trabajo (por lo que al funcionamiento societario del CCF SAD se refiere), habida cuenta del tiempo transcurrido desde la transmisión de la unidad productiva y la normalización que tal hecho, junto con la declaración de concurso, ha supuesto en el devenir de la sociedad".

También subraya que para poder concluir los trabajos para la elaboración del informe de auditoría de cuentas anuales del último ejercicio social concluido (temporada 18-19), encontraron que estas" no se encontraban formuladas, pese a la obligación legal de ello, al momento de la intervención judicial".