La La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un saqueo millonario en las arcas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en unas pesquisas que han puesto al descubierto supuestas prácticas corruptas en el mandato del presidente, Ángel María Villar.

Una investigación que, entre otras cosas, apunta a un posible perjuicio de al menos 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports. Se trata de una de las ‘patas’ de la investigación del departamento de delitos económicos de la UCO, cuyos agentes aún tienen que analizar la numerosa documentación que han requerido a distintos organismos, como las federaciones territoriales, porque «hay mucho de lo que tirar», han dicho a Efe fuentes de la investigación.

De momento, la ‘operación Soule’, iniciada hace año y medio, se ha saldado con la detención del presidente Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la RFEF y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou.

Ayer por la mañana, y en dependencias distintas de la Guardia Civil, en las localidades madrileñas de Las Rozas y Tres Cantos, Villar y su hijo se negaron a declarar ante los agentes del instituto armado, en tanto que por la tarde llegaron a Madrid los otros dos detenidos. Los cuatro pasarán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la RFEF en el 2016. La auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports --empresa presidida por el fallecido Jesús Samper-- por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Pero, además, cuando la RFEF decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros.

Esas irregularidades habrían sido apreciadas por la auditoría del CSD y, ante la negativa de la RFEF a dar explicaciones, el entonces responsable del CSD, Miguel Cardenal, denunció los hechos.

Entre ellas, algunas afectarían a las federaciones de Andalucía, Valencia, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya han declarado ante la UCO aunque no han sido detenidos. Se les permitía contratar con sociedades de su entorno o de su propiedad, con lo que, presuntamente, obtenían un beneficio propio e incluso desviaban fondos de la RFEF. La sospecha es que, a cambio, Villar se aseguró su apoyo en varias elecciones.

Villar y su hijo Gorka se lucraban, presuntamente, mediante la organización de amistosos de la selección en su etapa más laureada, en la que su caché era elevado. Se contactaba -según las pesquisas- con selecciones de otros países, se pactaban los partidos y rebajaban parte del caché a cambio de que ese dinero fuese a la empresa de Gorka.