Qué equivocada estaba la USADA (Agencia Estadounidense contra el Dopaje) cuando denunció que Lance Armstrong había establecido en el seno de su equipo la red de dopaje más sofisticada de la historia. Pues, en eso, los estadounidenses, muy suyos en que son los mejores en todo, se equivocaron. Porque el US Postal no hacía otra cosa que lo mismo que practicaron otros equipos ciclistas como el Comunitat Valenciana, el Liberty Seguros, sus anteriores denominaciones, Kelme y ONCE, y hasta el Deutsche Telekom, cuyas principales figuras eran clientes, de los finos y de los buenos, de Eufemiano Fuentes. El lunes, por fin, seis años y medio después de la actuación de la Guardia Civil, los acusados en el marco de la operación Puerto se sentarán en el banquillo de los acusados.

La justicia española no destaca por su rapidez, ni tampoco porque, basándose en que se trataba de una infracción penal (un delito contra la salud pública) y no administrativa (la adulteración de resultados deportivos por el dopaje), no ha facilitado desde el 23 de mayo del 2006, el día en que el instituto armado detuvo a Fuentes, Manolo Saiz y al hematálogo Merino Batres en una cafetería de un hotel madrileñoo, ni un dato al Consejo Superior de Deportes (CSD) ni a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que sigue cuestionando si solo había ciclistas en la trama o si han sido estos los que han pagado otra vez la factura del dopaje, como suele ser la norma.

La operación Puerto supuso la acción más importante contra el dopaje nunca vista antes ni después practicada. Puso en evidencia que desde Madrid se desarrollaba la cuenta B de buena parte de estrellas ciclistas y algunos otros deportistas no identificados, bajo la batuta de Fuentes, un médico canario, especialista en ginecología, pero conocedor de todos los métodos y sustancias prohibidas que podrían burlar un control y proporcionar a su paciente unas fuerzas sobrehumanas, al estilo de la poción mágica de los galos, de allí que el apodo de Eufemiano fuera Astérix.

Fuentes se expone a una pena de dos años de cárcel, al igual que el resto de los imputados: Saiz, como principal cliente; Vicente Belda, como segundo director deportivo que había contratado sus servicios; José Ignacio Labarta, cliente y colaborador; Yolanda Fuentes, hermana y médica, y Merino Bartres, cuyos abogados han solicitado que no declare ya que está enfermo de alzheimer.

Pero lo que está en juego es la credibilidad de la justicia española. De la sentencia del juicio, que se alargará por espacio de más de un mes, depende buena parte de la suerte de Madrid para conseguir los Juegos Olímpicos del 2020. Y, sobre todo, para saber de una vez por todas si había algún otro nombre famoso en el clan del dopaje aparte de los ya sabidos, todos ellos estrellas del ciclismo; de Jan Ullrich, Basso o del fallecido Marco Pantani. La Guardia Civil solo logró situar a la atleta Marta Domínguez en la operación Puerto durante la investigación de la controvertida operación Galgo.

Fuentes declarará el lunes. El martes será el turno de Saiz y Belda. Sorprendentemente, el 5 de febrero declarará como testigo Alberto Contador, citado por la defensa de Saiz, aunque el ciclista madrileño fue excluido de la trama tanto por Fuentes como por la Guardia Civil. Del 11 al 15 de febrero, también declararán como testigos los corredores identificados como clientes de Fuentes; entre otros, Basso (también por videoconferencia), Michele Scarponi, Unai Osa y Joseba Beloki.

La operación Puerto significó un punto de inflexión en la lucha contra el dopaje y por fin llega a su fin.