El informe concursal elaborado por los administradores judiciales del Córdoba CF SAD Daniel Pastor y Alberto Escudero señala "culpabilidad" en la gestión del club, esto es, que en la administración del mismo pudo haber dolo o perjuicio grave para los intereses de la sociedad, según pudo saber este periódico. El informe fue presentado el pasado miércoles, tal y como reconoció ayer a este periódico el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1, Fernando Caballero, quien señaló que los informes concursales pueden ser "culpables o fortuitos" y explicó los pasos a seguir a partir de ahora.

Pastor y Escudero solicitan al juez una pena que va desde los dos hasta los cuatro años de inhabilitación (variable en cada uno de los ex consejeros) para cualquier cargo de administración o representación y una indemnización a la sociedad intervenida que suma los seis millones de euros. Asimismo, los concursales señalan como responsables a quince miembros de los consejos en los dos años anteriores a la declaración de concurso voluntario de acreedores así como al máximo accionista, Prasa.

José Miguel Salinas Moya, Antonio Prieto Mahedero, Fernando Peña Expósito, José Antonio Romero Mora, Francisco Rojas Luque, Rafael Bados Moreno, Miguel Reina Santos, María Trinidad García López, Manuel Torres Aguilar, Antonio Díaz Córdoba, Francisco Javier Jiménez López, Francisco Herrera Montoro, Elías Cabrera Caracuel, Rafael Barroso de Eguilior y Ernesto Hita Espinosa son las personas físicas que aparecen en el informe concursal como responsables últimos en la gestión del Córdoba, así como la ya mencionada Prasa como accionista mayoritaria.

Caballero dará traslado al ministerio fiscal "la próxima sema na, probablemente" de las conclusiones expuestas en el informe concursal y dicho ministerio fiscal decidirá "en el plazo de diez días hábiles" si se adhiere a la presunción de "culpabilidad" señalado en el mismo o, si por el contrario, entiende dicha gestión como "fortuita". No afectará a la hora de tener que celebrarse juicio, ya que "solo con que una de las dos partes, administradores concursales o ministerio fiscal determinen que la gestión es culpable" la intervención ante el juez sería ineludible. Ello quiere decir que los 15 miembros del consejo de administración así como el accionista mayoritario irían a juicio siempre y cuando los futuros recursos que se interpondrán no prosperasen.

Pasados esos 10 días hábiles en los que el ministerio fiscal ha de tomar postura comenzará la fase de comunicación a todas las partes, algo que podría prolongarse "hasta finales del mes de diciembre", según informó ayer el juez Caballero, que también indicó que el juicio "no tendría lugar antes del comienzo de la próxima temporada", o sea, entre septiembre y diciembre del 2013.

La fase de gestión de la entidad blanquiverde que los administradores concursales presumen como dolosa para el club abarca a la presidencia de José Miguel Salinas y a los dos consejos que tuvo bajo su mando. Salinas fue elegido por José Romero como nuevo mandatario cordobesista en sustitución de Rafael Campanero y a su llegada determinó un órgano de gobierno formado por 14 personas, incluyéndole a él. El ya ex presidente quiso aunar a personas señaladas en sectores estratégicos de la sociedad como Francisco Javier Jiménez, Rafael Bados, Antonio Díaz, Trinidad García, Miguel Reina o Manuel Torres, a los que sumó a un grupo ya existente de la época anterior en el que figuraban Antonio Prieto, Fernando Peña o Francisco Herrera, entre otros. Poco tiempo después y ya cuando el destino concursal se dibujaba en el horizonte, Salinas redujo el número de miembros del consejo a siete, entre los que la única novedad fue la inclusión de José Antonio Romero Mora, hijo de José Romero, presidente del máximo accionista de la entidad blanquiverde en aquellos tiempos, Prasa.

A esos quince ex consejeros más Prasa son a los que los administradores concursales han señalado como responsables de la posible gestión dolosa delclub. Tanto el tiempo de inhabilitación como las cantidades no son solidarias. Esto quiere decir que habría miembros que deberían responder económicamente en cantidades muy inferiores a las de otros. La batalla judicial no ha hecho nada más que comenzar.