El juez Juan José Cobo Plana fue el primero en aplicar la ley concursal a un club de fútbol, en este caso a la UD Las Palmas. El 4 de noviembre del 2005, Cobo Plana accedió a la solicitud de un acreedor --Iñaki Urquijo, agente de jugadores-- del club amarillo, entonces en Segunda División B, de acogerse a los beneficios que otorgaba una ley que sustituía a la antigua suspensión de pagos. El ya ex magistrado relevó a un entrenador aplicando un baremo previo, sentó a otro en el banquillo sin liquidar a su predecesor, ordenó un embargo contra la Federación Española por desobedecerle, lo suspendió cuando acató sus autos y, finalmente, aplicó un ERE (expediente de regulación de empleo) que incluía a técnicos, futbolistas y administrativos. Paralelamente, provocó la movilización social del entorno del club, que elevó los abonados de 7.000 a 20.000. La UD Las Palmas terminó ascendiendo de categoría y saliendo del proceso concursal que, en ese caso, fue obligatorio. Pero también existe la vía voluntaria.

Según el propio Cobo Plana, un club se considera insolvente cuando debe tres nóminas a su plantilla de jugadores o no atiende pagos de Hacienda o Seguridad Social durante ese periodo. La vía voluntaria para entrar en proceso concursal ha sido un camino tomado por varias entidades en Segunda División. De hecho, los tres primeros clasificados en esta temporada se encuentran en ese proceso, así como el Recreativo, sin ir más lejos, que presentó una solicitud para entrar en concurso de acreedores en el último trimestre del año pasado.

Funcionamiento del club

En el plano deportivo, el concurso voluntario no afecta al funcionamiento del consejo de administración ni tampoco a la política de fichajes, aunque todo quedará siempre supeditado a la tutela de los administradores concursales que imponga el juzgado mercantil donde se presente la solicitud y al plan de viabilidad del club. Se trata pues de una norma para sociedades que están en una situación patrimonial comprometida y que no pueden atender de manera regular sus pagos. Se busca garantizar que la sociedad llegue a un acuerdo con sus acreedores, reduzca la cuantía de su deuda y aplace su abono. Cuando un club de fútbol se acoge a la ley concursal no se puede llevar a cabo ningún pago de las deudas anteriores, hasta que se aprueba el convenio de acreedores. En el caso de los equipos de fútbol, no se podrían pagar las deudas de los jugadores y por tanto no cabría la posibilidad de denuncias de impago ante la AFE. Una vez iniciado el proceso, el juez tiene un mes para admitirlo a trámite. Después se nombran dos o tres administradores concursales, en función de la modalidad y las circunstancias del club, cuya misión es controlar las operaciones de la entidad. El acuerdo con los acreedores se firma por cinco años y suele suponer la reducción de la deuda hasta en un 50%.

Los trabajadores y jugadores tienen garantizado el cobro puntual. En el caso de la plantilla deportiva, hay una parte proporcional que se considera privilegiada para cobrar antes y el resto se considera deuda ordinaria, por lo que se cobra con el resto de los acreedores. En ocasiones, la ley concursal lleva aparejado un expediente de regulación de empleo. Serán los administradores concursales los que decidan proponer al consejo de administración un ERE si ven causas objetivas para ello. La decisión final, en todo caso, corresponderá al consejo. Una vez acogido a la ley concursal, el club que lo solicite voluntariamente solo corre el riesgo de desaparición si el juez dicta causa de disolución, siempre que no sea factible el proceso concursal o se incumpla el plan de viabilidad, puesto que se contemplan todas las posibilidades en función de las categorías en las que se pueda militar.

El Albacete solicitó el concurso hace un año, agobiado por una deuda cercana a los 15 millones. 12 meses después, diversas fuentes rebajan ya esa cantidad aproximadamente en un 30% y la entidad manchega sigue negociando con Hacienda con la idea de salir del concurso a lo largo de este año o el próximo.

Más de un tercio de los equipos de Segunda tienen relación con el concurso de acreedores. Es el peaje por la desaparición de los mecenas en el fútbol, los que soportaban económicamente una mala gestión deportiva. Ya sin ellos, la ley concursal y una dirección con rigor es el único camino para que el fútbol subsista en una ciudad.