El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía presentarán alegaciones al borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Patrimonio Histórico Español y la de Patrimonio Cultural Inmaterial, una reforma que ambas instituciones consideran “invasiva” al limitar las competencias de las comunidades autónomas y de los consistorios en cuanto a la gestión del patrimonio. Así, este proyecto de ley “es una bomba de relojería para Córdoba con un riesgo cierto de perder competencias sobre los patrimonios mundiales, entre ellos un distrito entero, el casco histórico”, según ha señalado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha mantenido este viernes una reunión en Córdoba con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la que han analizado las consecuencias de esta ley en Andalucía, y especialmente en Córdoba, que ostenta cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad de los 15 que posee la comunidad.
Entre otras cuestiones, Bellido ha señalado que esta ley quiere “darle una vuelta al modelo de gestión de una forma muy peligrosa porque lo que trasciende de este texto es que lo que ahora se gestiona desde Córdoba y Andalucía se quiere trasladar y mandar desde el gobierno de Pedro Sánchez”.
Así, Bellido ha rechazo “de plano” este borrador que “va a ser perjudicial” en la gestión del patrimonio. Por otro lado, también ha criticado que “nadie se ha puesto en contacto con nosotros, una ciudad que tiene cuatro patrimonios mundiales, para informarnos”, cuando “tenemos mucha experiencia en gestionar estos bienes”.
Este borrador también suscita “dudas” e “incertidumbres peligrosas para el futuro de la ciudad”, entre otros motivos, porque también afectaría al casco histórico, que pasaría a “estar gestionado por un patronato del que se reserva el poder de decisión el Gobierno de la nación, cuando aquí hay un modelo que funciona y que esta ley podría paralizar”.
Más burocracia
Otra cuestión que, bajo el punto de vista del alcalde, perjudicaría mucho al casco histórico es la que afectaría a los trámites administrativos y burocráticos, “que se harían más largos o se duplicarían”. Por último Bellido ha mostrado sus dudas sobre cómo afectaría al modelo de la Fiesta de los Patios, un concurso que cumple un centenario y siempre se ha gestionado desde la propia ciudad. “No tiene sentido que alguien pretenda tutelar espacios como el casco histórico y los Patios desde Madrid cuando hemos demostrado que la gestión que se ha venido realizando es muy positiva”, ha indicado.
Por su parte, Del Pozo, ha subrayado que esperaba que la reforma de la Ley de Patrimonio, que data de 1985 y cuya aplicación ha correspondido siempre a las comunidades y los ayuntamientos, acabaría con las "deficiencias y disfunciones que se han detectado a lo largo de los años” y diera como resultado una nueva ley "que se adaptara a este siglo para conservar y vivir el patrimonio histórico, para facilitar la iniciativa de los ciudadanos a la hora de ponerlo en valor y para hacer compatible el patrimonio y el desarrollo de las ciudades”. Para la consejera, este proyecto de ley “lastra la conservación del patrimonio, dificulta el crecimiento de las ciudades, condena a la ruina a los centros históricos, invade competencias de otras administraciones y entidades e impone limitaciones a la Iglesia Católica".
"Soy una firme convencida de que la mejor manera de conservar el patrimonio es vivirlo. Y el mayor enemigo que tiene es separarlo de las necesidades de sus vecinos”, ha concluido Del Pozo.
