La controvertida exposición Maculadas sin remedio se descolgó ayer de la galería de presidencia de la Diputación, el día previsto para ello, pese a las peticiones de su retirada realizadas por los grupos políticos PP, Ciudadanos y Vox desde, prácticamente, el día de su inauguración, el 9 de mayo. La polémica que ha levantado la muestra -en la que una de sus piezas, el fotomontaje Con flores a María, sufrió un acto vandálico- ha traspasado fronteras y ha vuelto a abrir el debate de la libertad de expresión y la creación artística, tras la denuncia de estos partidos, que consideran esta colección «una ofensa» a sus sentimientos religiosos. Marisa Ruz, responsable de Cultura de la institución provincial, una de las áreas que organizó la muestra junto a la de Igualdad, insistió ayer en que toda la polémica «ha estado condicionada por la campaña electoral».

«Somos una institución pública y tenemos que dar cabida a todas las expresiones artísticas e intelectuales, a la diversidad y a la pluralidad, siempre que no supongan un delito», porque «nosotros no estamos aquí para censurar». Por su parte, Charo Corrales, autora de la obra dañada y comisaria de la muestra -de la que no se ha registrado el número de visitas debido a que su ubicación es una zona de paso-, señaló mientras descolgaba la exposición que entre sus sensaciones reina la del «triunfo» porque, «al menos, se ha mantenido hasta el último día», aunque también siente preocupación por «el derecho a la libertad de expresión».

Antes de mostrarse en Córdoba, Maculadas sin remedio pasó por la sala Anticuario de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, que publicó el catálogo, y también en un centro cultural de la localidad de Triguero (Huelva), donde «tampoco supuso ningún problema». «Nos gustaría volver a exponerla», señaló Corrales, que consideró que «la polémica vale la pena, el hecho de que la gente se cuestione cosas está bien, lo que no vale la pena es el acto de vandalismo».

Tras pedir su retirada al siguiente día de su apertura, el PP denunció la exposición ante la Fiscalía, a la que pide determinar si se ha podido cometer «un ilícito penal». El portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, afirmó que «desde el inicio del mandato» el gobierno provincial de PSOE e IU «discrimina permanentemente el hecho religioso y, en concreto, a distintas organizaciones que están en el ámbito de la Iglesia Católica», a la hora de conceder subvenciones. A esta denuncia se unió la de la Asociación de Abogados Cristianos.