¿Quiénes fueron los culpables de todos los desmanes?

A la hora de redactar la presente reseña, y habida cuenta del antetítulo que lleva esta obra, lo primero que hice fue consultar en el diccionario la palabra desmán. Allí leo que significa «exceso, desorden, tropelía», así como «desgracia (suceso que produce dolor)», en una segunda acepción. Tener en cuenta dicho significado me ha resultado muy útil de cara a la obtención de la conclusión final con la cual acabo estas líneas.

Antes de nada, estimo imprescindible exponer unas consideraciones previas. La primera, que como el autor indicó en el acto de presentación, no estamos ante un libro de Memoria, sino de Historia, lo cual nos evita algunas confusiones frecuentes en los últimos años; la segunda, que nadie espere imparcialidad, porque ante determinados temas de nuestro pasado no cabe mantenerla, lo cual no está reñido con la objetividad, como indicaba un socialista de la II República, Juan Simeón Vidarte, citando a Goethe: «Puedo comprometerme hasta ser sincero, pero no me pidáis que me comprometa a ser imparcial», y en esa línea se expresaba Josep Fontana hace unos años: «La imparcialidad no solo es imposible, sino que ni siquiera es deseable. La objetividad es algo distinto. Hay que decir la verdad».

Los datos aportados en los sucesivos capítulos del libro son una demostración, basada en fuentes documentales, de que el objetivo perseguido tras el levantamiento militar de 1936 era la «destrucción de la democracia republicana», una hipótesis que el autor comparte con otras investigaciones realizadas sobre el mismo tema, e incluso pienso que forma parte de la corriente historiográfica que en Alemania defiende que la república de Weimar no fracasó, sino que fue destruida. En el caso que nos ocupa, para conseguir ese objetivo se puso en marcha un mecanismo represor, una «justicia al revés», como la denomina Barragán, que hiciera desaparecer toda huella de las políticas reformistas del régimen republicano. La aplicación de ese mecanismo se analiza aquí en el ámbito del poder municipal, la actuación judicial contra los alcaldes republicanos de la provincia de Córdoba, en especial aquellos que desempeñaron ese cargo tras la victoria del Frente Popular en 1936, y asimismo contra quienes presidieron los comités de defensa de la República nacidos en algunos pueblos a partir de 1936. Sin olvidar que hay un punto de partido muy importante: 14 alcaldes, incluido el de la capital, junto con ocho diputados provinciales, fueron ejecutados de manera inmediata en aplicación del bando de guerra, y no fue necesario abrir ningún procedimiento judicial. Una excepción fueron cinco alcaldes que no pasaron por la justicia militar, a los cuales podemos añadir ocho que consiguieron salir camino del exilio.

Tras hacer un balance del resultado de las elecciones de febrero de 1936, el autor explica los cambios que se producen en los ayuntamientos, para ocuparse en el segundo capítulo de lo acontecido tras la sublevación militar, en particular con la aplicación del bando de guerra, la aparición de los comités de defensa de la República y la particularidad de poblaciones donde los alcaldes se muestran a favor de la sublevación, como ocurre en el sur de la provincia donde predominaba la corriente nicetista. El procedimiento judicial se inició en muchos casos con los atestados de la guardia civil, continuaba con la fase de instrucción, después con el auto de procesamiento, la vista del juicio y concluía con la sentencia. En los casos analizados por Barragán, en el 77,3% de los casos se pidió la pena de muerte, lo que produjo que 52 alcaldes fueran ejecutados (siempre con el «enterado» de Franco), con justificaciones de lo más peregrinas, como en el caso del alcalde de Puente Genil, Antonio Romero Jiménez, cuya actitud ante la vida pública era juzgada como «la interpretación política de un judío despechado». Imposible detallar aquí todas las declaraciones y afirmaciones que se hacen tanto en el desarrollo de los juicios como en las sentencias. Es muy recomendable la lectura del último capítulo, en el cual se detalla, pueblo a pueblo, cómo se desarrollaban los juicios, desde Adamuz, cuyo alcalde, Pedro Amil Cuadrado, fue ejecutado, hasta Zuheros, un caso singular por la absolución de Antonio Poyato Aranda.

La obra nos detalla la composición del personal judicial, desde el Consejo de Guerra Permanente hasta todos los intervinientes en los tribunales: jueces, fiscales, defensores y testigos. Unos datos resumidos en parte mediante cuadros al final de la obra. Así sabemos quiénes fueron aquellos que juzgan a los que se mantuvieron leales al gobierno legítimo. Los acusan de rebelión militar, en aplicación de esa «justicia al revés» citada más arriba y los condenan a muerte o a penas de reclusión. En conclusión, los alcaldes republicanos no son culpables de los desmanes, fueron los represores quienes cometieron una verdadera tropelía y quienes generaron un dolor que duró muchos años. Y más todavía hemos tardado en recuperar esa parte de nuestra historia, a la que sin imparcialidad pero con objetividad se ha acercado Antonio Barragán Moriana.

‘Culpable de todos los desmanes habidos... La aniquilación de la democracia municipal republicana’.

Autor: Antonio Barragán Moriana.

Editorial: Utopía. 2025.

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