El dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936 (diciembre de 1938) afirmaba: «Que el Glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado en ningún caso de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a los resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados». Se daba respaldo legal a lo que ya era práctica habitual en los tribunales militares desde los primeros momentos del golpe de Estado, y como ha señalado G. Sánchez Recio en su estudio sobre la depuración franquista de los jueces, se ponía en marcha una «justicia al revés», citando a Serrano Súñer. Añadamos que en España la declaración de Estado de guerra se mantuvo hasta 1948. 

La obra que aquí comentamos se inscribe en esas coordenadas. Estudia la justicia militar en la provincia de Córdoba desde la creación del Consejo de Guerra Permanente en febrero de 1937 hasta octubre de 1945. Antonio Barragán ha manejado un volumen de documentación abrumador (procedente de archivos militares): cerca de 11.000 expedientes. Y ante tal volumen de datos, encontramos uno de los aciertos de la obra, de carácter metodológico, al ofrecernos en sucesivos capítulos cómo se desarrolló la represión en distintos sectores. Primero, contra los miembros del estamento militar y cuerpos de seguridad que no se sumaron a la sublevación: militares de distinta graduación, carabineros y guardia civil. Segundo, la actuación contra quienes habían formado parte del ejército de la República. Tercero, la realizada contra distintos sectores de la sociedad civil, en especial los cargos públicos en los ayuntamientos o en la Diputación, o por su militancia en los partidos republicanos y en los sindicatos obreros, tan importantes en algunas zonas de la provincia. En este grupo de la sociedad civil, el autor dedica un apartado especial al caso de las mujeres, que representan el 6,8% de los expedientes manejados, y destaca cómo a pesar de tener a veces una militancia indefinida, se consideraba su relación familiar con algún responsable político o se cuestionaba su moralidad, contraria a la «nueva España». 

«Antonio Barragán ha manejado un volumen de documentación abrumador: cerca de 11.000 expedientes»

Un cuarto capítulo analiza la represión en distintos ámbitos geográficos, establecidos en función de varios parámetros, así los pueblos donde triunfó la sublevación militar, luego los de la cuenca minera de Peñarroya, que se mantuvo fiel a la República, después las poblaciones en las que se desarrollaron «procesos de violencia revolucionaria», y al final la zona del último frente de guerra, la comarca de Los Pedroches. El quinto capítulo se adentra en el análisis de las comisiones de examen de penas, y que en el caso de Córdoba significó un volumen de 2.497 expedientes. La obra incluye a lo largo del texto cuadros que resumen los datos suministrados, y al final se recogen varios anexos, entre los cuales merece la pena destacar el de los nombres de los miembros de los tribunales intervinientes en los consejos de guerra y otro con los de todas las mujeres encausadas entre 1937 y 1945.

Entre el conjunto de las muchas sentencias que, de manera parcial, aparecen citadas en el texto, resulta difícil escoger alguna, pero me he decidido por la que se dictó el 11 de junio de 1942 contra el maestro de Espejo Clodoaldo Gracia, condenado a reclusión perpetua por «haber regentado en Espejo una escuela en la que inculcaba a los niños ideas marxistas […], al proclamarse la república descubre sus verdaderas ideas y logra que se le asigne una subvención por la Casa del Pueblo; […] en el mes de abril de 1936 marcha a Rusia subvencionado por los amigos de la Unión Soviética para conocer las excelencias de aquel régimen; al iniciarse el Movimiento Nacional continúa ejerciendo su influencia sobre los elementos rojos y liberada la plaza de Espejo por el glorioso ejército nacional huyó a zona roja estando en Linares y Alcoy continuando como maestro laico inculcando a la juventud sus nefastas doctrinas anarquistas».

Al menos dos cuestiones quedan claras tras la lectura de la obra: una, que la justicia militar fue implacable allí donde la sublevación no triunfó desde un principio, así como la discrecionalidad de los tribunales con actuaciones no coincidentes, y otra, que las sentencias persiguieron el objetivo de acabar con el reformismo representado por el proyecto republicano. Y sobre el título: la primera palabra del mismo, «Enterado», era la expresión utilizada para confirmar al gobernador militar las órdenes por las cuales las sentencias se convertían en firmes, procedían de la Capitanía General de Sevilla o de la Secretaría del Jefe del Estado, Francisco Franco. Gracias a esta investigación, cuantos defendemos la necesidad de construir la memoria colectiva sobre las bases de la investigación histórica rigurosa, nos damos por enterados de esa forma de represión que el autor ha definido en una entrevista reciente como «violencia judicial».

‘Enterado. La justicia militar de guerra en Córdoba’

Autor: Antonio Barragán Moriana.

Editorial: Utopía. Córdoba, 2022. 

UNA TRAYECTORIA IMPECABLE

En 1980 Antonio Barragán publicó su estudio socioelectoral sobre la Córdoba de 1931. Fue un trabajo pionero y desde entonces su autor no ha dejado de abrir caminos hasta ser una referencia indispensable en el ámbito de la historiografía cordobesa para la etapa contemporánea. En 1990 vio la luz el trabajo con el que obtuvo el premio Juan Díaz del Moral, con una investigación sobre el periodo 1918-1920, al cual aportó elementos que en su momento no supo, o no pudo, ver el notario de Bujalance. Más tarde (2000) vendría su análisis del periodo 1898-1905, caracterizado por la «crisis social y el regeneracionismo político». En su trabajo sobre la Transición democrática en nuestra provincia (2005) aportó un aspecto relevante, y a menudo ignorado, como fue el de la Transición sindical. Obtuvo el premio Corpus Barga con un libro que podemos considerar antecedente del ahora publicado: ‘Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945)’ (2009). Y ahora da a conocer su investigación sobre un aspecto fundamental dentro de las distintas formas de represión adoptadas por el franquismo durante la guerra y la inmediata postguerra, en concreto los consejos de guerra desarrollados entre 1937 y 1945, a partir de documentación procedente, sobre todo, de los archivos del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, del Histórico Provincial de Córdoba y del General Militar de Guadalajara. En definitiva, el libro representa el ejemplo de una trayectoria historiográfica impecable.