El debate está abierto después de que el Ayuntamiento de Córdoba presentara el mapa del Casco Histórico para la instalación de placas solares para autoconsumo en los tejados y azoteas de los barrios monumentales de la capital cordobesa.
El problema no es nuevo y viene desde el año 2007, antes de la crisis económica financiera, época de cierta bonanza con la luz relativamente barata (o al menos, con los precios menos disparados que desde hace año y medio), con el coste aún muy elevado de la tecnología fotovoltaica y en plena época del impuesto al sol, que encarecía el autoconsumo. Por aquel entonces, casi pasó inadvertido el reglamento que prohibía la colocación de placas solares en los barrios monumentales de la ciudad. Sin embargo, todo ello cambió radicalmente en el año 2020, cuando el término municipal, menos el Centro, comenzaba a cubrir sus tejados con placas fotovoltaicas, en ocasiones instalaciones ya más baratas y que hasta se autofinancian con los excedentes de producción gracias a ofertas de comercializadoras como la cordobesa Unieléctrica.
Con estos mimbres, las quejas de los vecinos por las restricciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se dispararon y llegaron incluso a las protestas en la calle. No servían propuestas como el uso de tejas solares, mucho más caras que las placas solares convencionales.
Así, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, prometió hace unos meses dar una solución a la situación. El objetivo era conjugar los derechos del vecindario del Centro a tener instalaciones para el autoconsumo con preservar la estética en los barrios monumentales y que la Unesco no tenga motivos para quitarle a Córdoba la declaración de Patrimonio de la Humanidad, como también manifestó en su día el alcalde, José María Bellido, a la CRÓNICA DEL CENTRO.
La propuesta del mapa
Así, el 14 de febrero, Salvador Fuentes presentó un mapa, un esbozo de trabajo, en el que se permitía en la mayor parte del Casco Histórico la instalación de paneles solares convencionales (zona gris del mapa adjunto), los prohibía sobre una serie de monumentos (puntos rojos) y los alrededores de los mismos, la zona color salmón, se designaban como áreas de caución.
Las comunidades energéticas podrían ser una alternativa, aunque tampoco gustan a todos
En este tercer grupo será necesario un informe favorable tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía para las instalaciones fotovoltaicas. Para los casos en donde se prohiban las placas, Urbanismo plantea subvenciones en otras alternativas, algo que habría que concretar aún mucho técnica y burocráticamente.
La respuesta del vecindario a este planteamiento inicial no se hizo esperar, con una protesta frente al Ayuntamiento de representantes de la práctica totalidad de asociaciones vecinales del distrito que reclaman un debate directo con la GMU. Así, mientras que el proyecto, que implica modificar el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, quiere verse en la GMU, los vecinos ya estudiaban el pasado miércoles cómo se podría abordar esta propuesta.
Comunidades energéticas
Capítulo aparte, también a los vecinos del Centro les queda una solución paralela que ha impulsado la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y la Federación de Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta): la de formar parte de una comunidad energética. Actualmente se están constituyendo tres en el término municipal. Una en Encinarejo, impulsada por el Ayuntamiento de la ELA y vecinos; otra en Fátima y la primera que se planteó, precisamente para el Casco Histórico.
Urbanismo ha propuesto un mapa de zonas donde estará restringido instalar placas solares
Para que el proyecto sea viable necesita en torno a 800 familias (muy por debajo los números no salen y por encima se complica la iniciativa), con la ventaja de que físicamente sus placas fotovoltaicas no estarían en los respectivos tejados, sino en una pequeña planta de aproximadamente un megavatio de potencia instalada a menos de 25 kilómetros de los domicilios, que es lo que permite la ley.
El ahorro es sensible y la fórmula, además, tiene la ventaja de que no hay que recablear edificios así como su flexibilidad, ya que no hay límites a la cantidad de comunidades energéticas que pueden crearse ni restricciones geográficas urbanas a los usuarios. Sin embargo, para la presidenta del consejo de distrito, Lourdes Martínez, esta solución no es más barata y, sobre todo, priva al vecino de elegir una solución a la que tiene derecho.
