El presidente de la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), Fernando Acosta, ha advertido de «que no se puede demorar» la tercera dosis de refuerzo para los residentes en centros de mayores. «Necesitamos una respuesta ya», ha apostillado en una entrevista en Canal Sur Televisión, debido a que el número de positivos y fallecidos en residencias «está subiendo», la inoculación fue «muy temprana» y las personas «con muchas patologías están teniendo menos anticuerpos».
Sobre la idoneidad de una tercera dosis en centros sociosanitarios, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, reiteraba el jueves «que se está a la espera» del informe de la Agencia Europea del Medicamento. Asimismo, apuntaba a un nuevo estudio del Instituto de Salud Carlos III que comenzará el 1 de septiembre sobre el nivel de inmunidad de este grupo.
Los centros de mayores contabilizan en la actualidad 516 mayores positivos y 39 ingresados por brotes de covid recientes. En cuanto a su origen, el presidente de la asociación ha señalado que las fuentes principales son «trabajadores, visitas y paseos». «Los contagios que suceden en una residencia son reflejo de la tasa de incidencia de una localidad, de ahí lo que está ocurriendo en Sevilla o en el Valle de los Pedroches en Córdoba», explicó. Del mismo modo, Acosta ha indicado que los mayores suponen el sector «que más ha sufrido la pandemia», debido a que su confinamiento ha sido «en habitaciones», por lo que considera que «impedirles el paseo» es un problema «a nivel de salud mental» y resultaría «discriminatorio». Por lo tanto, el representante de las residencias apostilló que lo importante es «concienciar a las familias y mantener la distancia de seguridad».
Test para trabajadores
En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido de que «será tremendamente complejo controlar los focos» de covid en residencias si no se permite hacer test de antígenos a trabajadores. Moreno recalcó que «el problema es que algunos trabajadores se niegan a vacunarse» y la Junta no tiene «la capacidad legal de imponerles las vacunas ni las empresas de echarlos o de relegarlos en su puesto de trabajo». Por ello, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la «posibilidad» de que, si estos trabajadores no se quieren vacunar, «al menos sí obligarles a hacer tests de carácter permanente, casi a diario», porque es «la única manera de controlar los brotes». El presidente ha asegurado que la Junta seguirá «peleando para buscar la fórmula para limitar la posibilidad» de estos contagios. H
