La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha emitido un comunicado en el que informan de que desde que el pasado se cerraran todos los centros educativos para evitar la propagación del covid-19, los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) no han recibido ninguna instrucción de cómo se va a gestionar económicamente esta crisis en nuestro sector.

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"Durante días, hemos esperado con paciencia estas noticias, ya que entendíamos que la prioridad estaba en el ámbito sanitario, pero con inquietud vemos que las administraciones están tomando

medidas económicas y laborales que, de momento, no contemplan a las escuelas infantiles".

La coordinadora afirma que desde que se decretara el cierre, la coordinadora ha mantenido contacto con nuestro el director general de Educación "para exigir unas medidas excepcionales y exclusivas para el primer ciclo de Educación Infantil, que respondan a unas necesidades concretas de este sector". En este sentido, la asesoría jurídica de la organización adelantó que, en principio, y salvo que se legislara lo contrario por el Estado de Alarma, "en la normativa vigente no hay causa para la suspensión del pago de las ayudas, dado que la inactividad en el servicio se ha producido por causa mayor y ha sido decretada por el Gobierno Central".

No obstante, teniendo en cuenta la situación excepcional y la falta de certeza sobre si se puede reclamar a las familias la parte de la cuota no bonificada, la coordinadora ha solicitado a la Consejería de Educación que asumiera la cuota íntegra, con el fin "de evitar una mayor precarización de un sector que ya se encuentra económicamente estrangulado", recalcan.

Recibos devueltos del mes completo

Recuerdan que son unos 1.800 los centros afectados y "más de 10.000 los trabajadores (2.000 solo en Córdoba) que dependen de este ciclo". La respuesta de la Consejería fue de tranquilidad, ya que estaban buscando una solución específica para los centros del primer ciclo de Educación Infantil, si bien, aseguran "tras días de confinamiento y cierre de nuestras escuelas, seguimos sin respuesta ni para los profesionales ni para las familias que, ante la duda, devuelven recibos de un mes completo a pesar de haberse prestado éstos hasta el mismo día 13 de marzo".

En esta coyuntura, la coordinadora de escuelas infantiles recuerdan que son 1.800 empresas cuyas plazas están dispuestas por entero a fines públicos, es decir, "no percibimos más ingresos que

los generados por las 118.000 plazas públicas ofertadas, y de las que estimamos que hay apenas

un 60% de ocupación". Asimismo, reiteran que "el precio por plaza se establece por la propia Administración y, reiteramos, está congelado desde hace más de una década" y que "no habiéndose prestado el servicio de forma efectiva durante el tiempo que permanezca declarado el Estado de Alarma es patente la dificultad para reclamar a las familias el importe del servicio, por lo que la única solución acorde que haga viable el mantenimiento de estos centros y, sobre todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, es que la propia Administración asuma el 100% de las cuotas de estas plazas mientras se levanta la situación de alarma y se proceda a la reapertura y funcionamiento de los centros.