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Ayudas municipales

Montilla crea un Fondo Social del Agua para que las familias vulnerables puedan pagar la factura y "nadie se quede sin acceso a un servicio básico"

El acuerdo garantiza la paralización de cortes de suministro y ofrece bonificaciones del 80% en la reconexión para usuarios con dificultades económicas.

Una persona se sirve agua del grifo en un vaso.

Una persona se sirve agua del grifo en un vaso. / CÓRDOBA

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla y Aguas de Montilla han acordado crear un Fondo Social del Agua, dotado con 8.000 euros anuales, para garantizar el acceso al suministro a las personas en situación de hidrovulnerabilidad y combatir la pobreza hídrica en el municipio mediante un convenio con una vigencia inicial de cuatro años.

El acuerdo establece un modelo de colaboración entre la Administración pública y la empresa privada para proteger el acceso a un servicio básico. La aportación anual permitirá cubrir facturas de suministro domiciliario de agua potable y afrontar reparaciones de averías en las instalaciones de viviendas de familias que temporalmente no puedan asumir estos gastos.

Prohibido cortar el agua y bonificación de las facturas

Además, el convenio recoge la paralización automática de los procedimientos de corte del suministro cuando se acredite una situación de hidrovulnerabilidad. Las personas beneficiarias también podrán solicitar el fraccionamiento flexible de los pagos de acuerdo con sus circunstancias económicas individuales.

A estas medidas se suma una bonificación del 80 por ciento en los derechos de reconexión para usuarios vulnerables, así como la gratuidad de los cambios de titular del contrato para las personas arrendatarias. El objetivo es evitar que las dificultades económicas impidan a una familia disponer de agua potable en su vivienda.

Mercedes Sánchez, Lorenzo Cuenda, Rafael Llamas y Lidia Bujalance,

Mercedes Sánchez, Lorenzo Cuenda, Rafael Llamas y Lidia Bujalance, / José Antonio Aguilar

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que el convenio "refleja nuestro compromiso con las familias más vulnerables del municipio, garantizando que nadie se quede sin acceso a un servicio básico como el agua". Por su parte, el director gerente de Aguas de Montilla, Lorenzo Cuenda Hernández, subrayó que esta alianza público-privada "es fundamental para cumplir con nuestros compromisos de responsabilidad social corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Un acurdo con una importante dimensión social

La directora de Clientes de Hidralia, Mercedes Sánchez, también destacó la dimensión social del acuerdo. Hidralia participa junto al Ayuntamiento en Aguas de Montilla. Sánchez aseguró que estas iniciativas "muestran el compromiso que se mantiene desde Hidralia de actuar sin dejar a nadie atrás, reforzando las medidas sociales dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y encontrando el apoyo de instituciones como en este caso el Ayuntamiento de Montilla generando sinergia positivas para lograr un avance social no solo igualitario sino también equitativo".

En ese sentido, los Servicios Sociales Municipales y Aguas de Montilla desarrollarán un procedimiento coordinado para identificar a las personas en situación de hidrovulnerabilidad, evaluar sus necesidades y gestionar las ayudas de manera ágil y eficiente.

El convenio contempla asimismo la constitución de una Comisión Técnica de Seguimiento, que se reunirá como mínimo una vez al año. Este órgano se encargará de evaluar el funcionamiento del programa y resolver las incidencias que puedan surgir durante su aplicación.

Por otro lado, si el Fondo Social del Agua no se agota por completo durante el correspondiente ejercicio, el remanente se destinará a proyectos de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento que beneficien a los colectivos más desfavorecidos.

La iniciativa se incorpora a las actuaciones municipales en materia de servicios sociales y se alinea con la estrategia de Aguas de Montilla para impulsar alianzas sociales entre los sectores público y privado. Estas acciones tienen como finalidad ayudar a las personas a superar situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta factores socioeconómicos como sus ingresos y las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

El acuerdo se enmarca, además, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y en el compromiso de ambas entidades con la inclusión social. Su vigencia será de cuatro años y podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta otros cuatro años.

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