El PER cumple cuatro décadas tras 1.100 millones de inversión en obras locales para la provincia de Córdoba

Hace 40 años, una novedosa política estatal revolucionó el campo cordobés y andaluz. Pensada en los despachos de Moncloa, la medida pretendía fijar la población a los territorios agrarios del Sur del país, cuando la despoblación y el envejecimiento no tenían ni de lejos las dimensiones de ahora. La idea, sencilla en su planteamiento, consistía en facilitar a los jornaleros un trabajo cuando las campañas agrícolas no daban para mantener una familia todo el año. Era la época en la que miles de trabajadores andaluces se iban a los hoteles en Cataluña o Baleares, a la vendimia francesa o a la construcción en cualquier sitio menos aquí.

Aquella política se llamó el Plan de Empleo Rural, hoy Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), aunque la costumbre ha mantenido la terminología antigua: el PER. Fue articulado mediante un decreto gubernamental de 1984 aunque las obras que facilitaban la contratación de peones agrícolas no comenzaron hasta 1986, hace ahora cuatro décadas. Desde entonces ha regado de millones los pueblos del mundo rural, no sin críticas.

Las cifras de inversión

Las cifras, facilitadas a este medio al completo por la Junta de Andalucía, son elocuentes. Desde el primer plan de obras ejecutado en 1986, la provincia ha recibido un total de 1.107 millones de euros. El plan implicaba, y sigue haciéndolo, a varias administraciones. Así, el Estado es quien asume la mayor parte al abonar los salarios y cotizaciones, que en estas cuatro décadas han supuesto de 777 millones solo en Córdoba. La Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba pagan los materiales de las obras, para lo que han tenido que liberar 250 y 80 millones, respectivamente. Los ayuntamientos, que son los beneficiarios de estas obras que por lo general sirven para realizar infraestructuras básicas (caminos, arreglo de calles...), no tienen que pagar nada.

Cada año generan entre 50.000 y 55.000 contratos en la provincia

Pero esas cifras absolutas pueden resultar un tanto engañosas: los 11 millones invertidos en 1986 son mucho menos que los 44 que se emplean en la actualidad, pero daban para mucho más. Aquel año se gastaron más de 500 millones de las antiguas pesetas solo en materiales, y eso servía entonces para comprar muchos ladrillos y cemento. En dinero constante, la cantidad total invertida supera los 1.700 millones de euros; si se añade la inflación anual, rebasa los 2.300 millones de euros.

En todo este tiempo, las cantidades destinadas al PER/PFEA han sufrido altibajos según la situación económica, pero llevan incrementándose sin parar desde comienzos de este siglo. A partir de 1996, cuando se realizó la gran reforma del sistema, se dio el salto más elevado al pasar de un gasto de 15-18 millones de euros anuales a un entorno de 25-30 millones en cada ejercicio. Aunque hubo un receso en el año 2001, las cantidades que dedican las administraciones han seguido aumentando desde entonces. Las obras no se detuvieron ni siquiera durante la pandemia del covid. En la actualidad, la inversión lleva congelada tres años en los 44 millones de euros debido a la falta de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde el 1 de enero de 2024.

Varias reformas

El sistema ha tenido varias reformas a lo largo de su historia aunque los sindicatos creen que es necesaria una adaptación en profundidad. El cambio más importante se produjo hace ya tres décadas, cuando se creó el Programa de Fomento de Empleo Agrario que, a grandes rasgos, sigue vigente en la actualidad. En 1996 se incorporaron al sistema asociaciones y sindicatos y se crearon las comisiones de seguimiento comarcales. En esos órganos los ayuntamientos deciden qué obras quieren acometer, que después se aprueban (por lo general salen adelante casi todas las solicitudes) en la comisión provincial.

Tanto CCOO como UGT valoran positivamente el impacto que han tenido el PER/PFEA a lo largo de sus 40 años de historia, pero reclaman algunos cambios. Pedro Téllez, secretario UGT-FICA (la sectorial del campo), asegura que «el PFEA es imprescindible y su utilidad social está fuera de duda. Lo que falta es modernizar un marco legal envejecido, que proteja a quienes lo sostienen». El sindicato recuerda que cada año, solo en Córdoba se ven beneficiados entre 50.000 y 50.000 trabajadores gracias al PFEA, que además sirve para «modernizar» infraestructuras básicas que los ayuntamientos no pueden ejecutar con sus propios recursos.

En opinión de Téllez, la ley que regula el sistema «es muy antigua y necesita mejoras sustanciales y urgentes para modernizarlo y dar solución a los problemas más acuciantes que regula el PFEA».

«Caciquismo» en el plan

José Fuentes, de la comisión de Industria de CCOO en Córdoba, incide en la «rentabilidad social» del PER/PFEA, pero se muestra crítico con algunos aspectos. Entre otros, cree que «se podía haber mejorado la cuantía de los fondos que llegan a las zonas rurales» y denuncia que hay «cierto caciquismo» en algunos ayuntamientos a la hora de decidir qué obras se acometen, eludiendo la participación de los agentes sociales. «Los proyectos de obras y servicios deberían contar con mayor participación de la gente», señala.

CCOO tiene además propuestas concretas para la mejora del sistema. Fuentes propone que las obras se dediquen no sólo a infraestructuras, sino también a servicios, lo que permitiría usar los contratos del PFEA por ejemplo para la atención a la dependencia; o bien invertir los recursos en las mejoras de las aulas escolares, entre otras posibilidades.

Queda por conocer si el PER/PFEA ha cumplido su objetivo principal de mantener la población rural. A tenor de las cifras demográficas, no parece que haya cosechado un gran éxito, pero cabe preguntarse si la situación no habría sido peor de no existir un plan desde hace cuatro décadas que da un respiro a los temporeros. Es imposible saberlo.

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