¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos

Las plantas de biogás, o su variante refinada de biometano, se han presentado en los últimos años como una alternativa ambiental viable para el problema de los residuos agrícolas, especialmente grave en el caso del olivar. Por cada camión de aceite de oliva, se generan otros cuatro de desperdicios en forma de alperujo que tienen una difícil salida. Pueden usarse como combustible para generar energía o almacenarse en balsas al aire libre. Las plantas de biogás, como se han encargado de recordar sus promotores, ofrecen un doble beneficio: no sólo consumen estos residuos agrícolas, sino que además generan un recurso renovable que permite avanzar hacia la independencia energética.

En los últimos años, sin embargo, esta propuesta tecnológica se ha topado con el rechazo social en los municipios donde se han planteado instalaciones. En la provincia de Córdoba, sólo existen tres generadores activos, si bien solo uno de ellos (el de Covap en Pozoblanco) está ligado directamente al sector primario. Los proyectos, en distintas fases de tramitación, son muchos más: hay al menos 18 diseñados en toda la provincia. La clave está en saber qué pasará con ellos.

Las competencias de la Junta

La Junta de Andalucía tiene las competencias en las autorizaciones administrativas y ambientales y ya ha comenzado a dar los primeros permisos, como el reciente ejemplo de Baena. Fuentes de la Administración autonómica han confirmado a este medio que van a seguir procesando y dando luz verde a los demás proyectos que cumplan los exigentes requisitos ambientales. Sólo se podrán rechazar si existe un informe de compatibilidad urbanística desfavorable.

Tanto el Gobierno de Juanma Moreno como el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han mostrado como firmes defensores de las plantas de biogás y han desarrollado iniciativas y planes al respecto. La Junta de Andalucía, por ejemplo, dispone de una hoja de ruta propia y asegura que con los generadores de biometano "se busca maximizar el potencial de desarrollo de la biomasa y acelerar el despliegue de plantas de biogás y soluciones de descarbonización en la industria andaluza de manera eficiente, reduciendo al mínimo las emisiones y neutralizando otros impactos negativos como pueden ser la gestión de residuos o los olores".

El Estado español piensa de manera parecida y ha establecido numerosas ayudas e incentivos para la instalación de plantas de biometano por todo el país. En una respuesta en el Senado fechada el año pasado, el Ejecutivo recuerda todos sus planes recientes y las subvenciones establecidas, gracias a las cuales "se ha observado un notable impulso del sector del biogás/biometano en España". En ese mismo documento se da la clave de la situación actual: "Corresponde al ámbito competencial de las comunidades autónomas y entidades locales la autorización de los proyectos dedicados a la producción de biogás".

El papel de los ayuntamientos y los partidos políticos

Dado que la Junta ya ha manifestado su apoyo expreso a la construcción de biorreactores, la paralización de los proyectos sólo puede darse en el ámbito local. Son los ayuntamientos quienes pueden negar los permisos de construcción dentro de su término municipal, pero eso no puede hacerse por capricho o simple voluntad política. Tiene que haber, como explican desde la Junta, una modificación de los planes urbanísticos que limiten o condicionen estas instalaciones. Pocos ayuntamientos disponen de esa herramienta en la actualidad. Cabra es uno de ellos, ya que ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, un plan especial que suspende las autorizaciones no ya sólo para las plantas de biogás, sino para cualquier otra central energética de fuentes renovables.

Otros ayuntamientos cordobeses han hecho público su rechazo a las plantas de biogás. Espejo piensa modificar sus normas urbanísticas para impedir la instalación de un reactor de biogás en su término. En Castro del Río los vecinos se han manifestado para exigir la suspensión de cualquier licencia. Baena ha suspendido la tramitación de los planes de una empresa. En Palma del Río, el equipo de gobierno ya ha dicho que está en contra. Fuente Carreteros no quiere biogás en su término, pero tampoco en el de sus vecinos de Écija. Hasta el Ayuntamiento de Pozoblanco, que ya tiene una central de biogás en su núcleo (la de Covap), alegó para que sus paisanos de Dos Torres no tengan lo mismo.

En medio de la ola surfean los partidos políticos mayoritarios, incapaces de articular un discurso coherente y apoyando una cosa y su contraria en función del sitio y el momento. El PP defiende la necesidad de las plantas de biogás desde la Junta y también ha tomado iniciativas en las Cortes, mientras sus alcaldes se oponen con firmeza, como en el caso del regidor egabrense Fernando Priego, que además es senador. En la Diputación, ni fu ni fa: los populares se abstuvieron junto con Vox en una moción que pedía la suspensión de todos los proyectos en Córdoba y que salió adelante con los votos del PSOE e IU. Los socialistas se mostraron contrarios a lo que su propio partido ha promovido desde el Gobierno central.