La Diputación de Córdoba recurrirá el nuevo rechazo de la CHG a las obras de La Colada y denuncia un "bloqueo político"

La Diputación de Córdoba recurrirá en abril la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre la conexión de La Colada con Sierra Boyera, en un nuevo capítulo de un conflicto que se arrastra desde hace años. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha avanzado este miércoles que la vía inmediata será presentar un recurso de reposición, sin descartar después irse al contencioso-administrativo e incluso la petición de responsabilidades disciplinarias por la tramitación de un expediente que considera "cuestionable y con irregularidades muy importantes" y que, además, interpreta como un "bloqueo político", una "injusticia" y un "atropello a la provincia".

La reacción de Fuentes llega después de que la Diputación formalizara ya por escrito su rechazo a las "características y condiciones impuestas por la CHG". En ese documento, registrado el 17 de marzo, la institución provincial no acepta las condiciones ofrecidas por el organismo de cuenca por considerarlas "inejecutables" y se reservaba ya expresamente acciones administrativas y judiciales.

En este sentido, la CHG mantiene que la infraestructura de emergencia ejecutada en La Colada puede seguir siendo la base válida del sistema y, por tanto, solo admite como novedad la nueva alternativa de conexión eléctrica para alimentar la estación de bombeo ya existente. La Diputación, en cambio, defiende que esa solución de emergencia no basta como respuesta definitiva y que el proyecto modificado redactado por la Junta de Andalucía y presentado en diciembre incluso con una rebaja del presupuesto debe ejecutarse en su conjunto, incluida la integración de la torre de toma. De hecho, la propia argumentación de la Confederación admite que la coexistencia de la toma flotante y la torre de toma sería la configuración "óptima" en términos de "redundancia y flexibilidad operativa" y llega a plantear la necesidad de reforzar la infraestructura de emergencia para dotarla de "mayor robustez, durabilidad y capacidad de regulación".

Hay que recordar que la Confederación suspendió el procedimiento en julio de 2025 y dio seis meses para presentar un nuevo proyecto "adaptado al escenario actual", que integrara las obras de emergencia y evitara duplicidades. Ese proyecto modificado fue remitido a finales de diciembre de 2025, pero la CHG ya respondió manteniendo sus determinaciones previas y actualizando únicamente la parte relativa al suministro eléctrico.

Falvador Fuentes denuncia un "bloqueo político"

Fuentes sostiene que ese planteamiento (y la actuación de la CHG durante todos estos años) convierte el procedimiento en un "bloqueo político" y en un expediente "muy cuestionable" desde el punto de vista jurídico y técnico. La acusación enlaza con la tesis que la Diputación viene defendiendo en sus escritos: que la Confederación no ha valorado de manera real sus alegaciones, que ha impuesto condiciones de forma unilateral y que ha acabado sustituyendo el proyecto solicitado por otro distinto, centrado en consolidar la solución de emergencia. Fuentes ha afirmado que la resolución era "previsible" por la línea de negativas mantenida por la CHG durante toda la tramitación.

El rechazo provincial se apoya en cuatro grandes argumentos. El primero es la falta de competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para resolver sobre Sierra Boyera, un embalse que pertenece al ámbito territorial de la Confederación del Guadalquivir. El segundo es "la injerencia" en la autonomía provincial, al considerar que la CHG "está decidiendo de forma unilateral qué obras deben ejecutarse" para prestar un servicio que corresponde a la Diputación. El tercero es la "indefensión material", porque, a juicio de la institución, sus alegaciones no fueron incorporadas ni valoradas debidamente durante la tramitación. Y el cuarto es la ausencia del informe del Consejo Nacional del Agua, que la Diputación considera preceptivo en este caso.

Junto al plano jurídico, el conflicto tiene un fondo técnico y social. La Diputación insiste en que la toma flotante construida en la emergencia permitió resolver una situación crítica, pero no ofrece por sí sola la robustez ni la flexibilidad necesarias para una solución estable. Su argumento es que la captación superficial fija limita la capacidad para elegir la mejor calidad de agua en cada momento, algo especialmente sensible en La Colada por los problemas de eutrofización y estratificación del embalse. Por eso defiende la explotación conjunta de la toma flotante y la torre de toma, que permitiría captar agua a distintas profundidades y mejorar las garantías del abastecimiento.

La Diputación añade además que la salida planteada por la CHG -autorizar solo la línea eléctrica- no es ejecutable en la práctica. En el expediente consta un informe técnico de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, que concluye que ejecutar de forma aislada esa acometida rompe el equilibrio del proyecto modificado, obliga a recalcular potencias y dimensionamiento, desnaturaliza el contrato adjudicado y puede dejar esa obra sin encaje técnico ni contractual.

Si sigue el bloqueo, la Diputación estudiará la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera

Ese es, precisamente, uno de los argumentos que más ha reforzado hoy Fuentes: aceptar sin más las condiciones de la CHG supondría, a juicio de la Diputación, renunciar al proyecto que considera óptimo para 80.000 vecinos y conformarse con una solución mínima que deja abiertas dudas sobre la calidad del agua y la seguridad del sistema antes de una futura sequía.

Con ese diagnóstico, la Diputación ha optado por no asumir el marco fijado por la Confederación y seguir la pelea por la concesión. En paralelo, Fuentes ha dejado abierta una segunda vía: si la conexión entre La Colada y Sierra Boyera sigue bloqueada, estudiar también una alternativa entre Puente Nuevo y Sierra Boyera para garantizar que la zona norte de Córdoba tenga dos embalses conectados antes de que vuelva una situación extrema sequía.

La batalla se ha trasladado al terreno administrativo, técnico y político, con dos visiones enfrentadas: la de la CHG, que considera suficiente la infraestructura de emergencia con un refuerzo eléctrico, y la de la Diputación y la Junta, que siguen defendiendo una conexión más completa y estable como solución definitiva para el abastecimiento del Norte de Córdoba.