Investigan a 25 personas por construir una urbanización sin permisos en Puente Genil

La ordenación del territorio es una de las actividades urbanísticas más reguladas en Andalucía. Nadie puede construir lo que quiera en cualquier sitio, sino que hay que hacerlo respetando un sinfín de normas y con los permisos correspondientes. Pero a veces hay quien se salta todas las leyes, como ha ocurrido en Puente Genil.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, ha llevado a cabo una operación contra una de estas prácticas ilegales en la que llama la atención el número de personas implicadas. Hasta 25 personas están siendo investigadas por los agentes tras levantar una parcelación ilegal por su cuenta y riesgo en Puente Genil, sin ningún permiso ni autorización y, además, haciendo caso omiso de los avisos de las autoridades alertando de la ilegalidad de la parcela.

35.000 metros cuadrados de parcela

Como puede verse en las imágenes facilitadas por la Guardia Civil, la urbanización ilegal está en una fase avanzada de construcción, con viarios, vallados y algunas viviendas que parecen prácticamente terminadas. En total, la parcela sobre la que se asienta tiene 35.000 metros cuadrados, que fueron troceados en parcelas independientes. Hasta 26 fincas independientes lograron sacar los promotores.

El problema es que el terreno de la parcelación tiene carácter proindiviso y rústico y está clasificado como suelo no urbanizable de preservación natural o rural. Todo ello significa, de acuerdo con la Guardia Civil, que la parcelación no puede legalizarse "al favorecer de manera directa la creación de nuevos asentamientos fuera de la planificación urbanística".

El inicio de las pesquisas

La investigación ha sido larga y compleja. Las primeras inspecciones se dieron hace dos años y permitieron identificar al presunto promotor de la actuación, quien habría diseñado un sistema que incluía la apertura de caminos de acceso, la elaboración de planos de distribución y la formalización de contratos de compraventa. Con ese proceder el promotor podría haber incurrido en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo.

Pero es que además, tanto el responsable como varios compradores continuaron ejecutando obras en las parcelas a pesar de haber recibido notificaciones oficiales de paralización inmediata, lo que podría constituir varios delitos de desobediencia a la autoridad.

Durante la ejecución de las actuaciones enmarcadas en la operación de la Guardia Civil, los agentes del Seprona realizaron 27 inspecciones, dando como resultado la detección de 56 infracciones administrativas e instruyendo diligencias por un total de 27 delitos, principalmente relacionados con la ejecución de obras sin autorización e incompatibles con la normativa urbanística vigente, pero también delitos de falsedad documental y delitos de desobediencia a la autoridad.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.