Proyecto municipal
El parking subterráneo de la Huerta del Carmen de Lucena avanza tras el desistimiento de Izquierda Unida
El Ayuntamiento espera ahora que la consultora externa se pronuncie para poder licitar las obras en 2026

Parque que hoy ocupa la antigua Huerta del Carmen. / M. González

La construcción de un parking subterráneo en la Huerta del Carmen de Lucena, mediante el modelo de concesión de obra pública, fortalece su certidumbre tras desaparecer el obstáculo judicial. Izquierda Unida, fuerza política que formuló una demanda contra este procedimiento municipal, ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 3, de Córdoba, ha renunciado a continuar con las actuaciones y formalizaba, a mediados de noviembre, su desistimiento.
Desde hace más de un año, y primero en vía administrativa, Izquierda Unida ha sostenido la vulneración de los principios de información, igualdad y libre concurrencia. A instancias del secretario municipal, en el Pleno de diciembre de 2024, la Corporación sí admitió su falta de competencia para analizar la resolución de subsanaciones y, en consecuencia, se acordaba la intervención de una consultora externa.
En el último mes de julio, ya en vía judicial, el mismo tribunal rechazó la adopción de medidas cautelares, solicitadas por Izquierda Unida.
El gobierno local dice que IU “no ha tenido decencia política”
Desde el equipo de gobierno, Francis Aguilar, segundo teniente de alcalde y presidente de EPEL, ha defendido, contundentemente, la concordancia del proceso a las directrices legales y administrativas, respaldado por la totalidad de los informes emitidos, porque “solo” ha sido preciso “corregir una cuestión administrativa”.
Aguilar, con especial énfasis, ha censurado “el silencio” de Miguel Villa al notificar la paralización de las actuaciones, coincidiendo con la fecha de citación del testigo propuesto por la parte demandante, sin comunicarlo ni al Ayuntamiento ni al consejo de administrativo de EPEL. “No ha tenido decencia política”, ha manifestado en rueda de prensa, reprochándole que “ha estado un año señalando y generando ruido” hasta “desaparecer sin avisar”. A su juicio, ha incurrido “en una fuga política” y, en términos generales, ha considerado que “su principal objetivo nunca fue defender la legalidad, sino crear problemas” en una “actuación irresponsable e injustificada”.

El segundo teniente de alcalde y presidente de EPEL, Francis Aguilar, durante la rueda de prensa. Lucena / M. González
El Ayuntamiento reclamará la condena en costas de Izquierda Unida después de “tres oficios denegados”. En este sentido, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya aplicó esta obligación, contra Izquierda Unida, tras un recurso en el que alegaba que el Consistorio había presentado su escrito, como actor demandado, fuera de plazo.
Aguilar ha vaticinado que, antes de final de año, la nueva consultora externa se pronunciará sobre la documentación complementaria exigida y aportada por Herce, empresa cuya iniciativa privada ha sido provisionalmente elegida para desarrollar el proyecto técnico, y, a continuación, ratificar esta determinación en un consejo de administración de EPEL.
Las diligencias posteriores se sustentan en la aprobación plenaria del estudio de viabilidad y de los informes de conveniencia y oportunidad, así como corroborar el modelo indirecto.
El gobierno municipal confía en acometer la licitación de las obras durante 2026 y afirma que, de acuerdo a la estrategia de movilidad urbana y sostenible, también se impulsará la ejecución de un tercer aparcamiento subterráneo en la avenida del Parque. A este respecto consideran que, sin la voluntad de “torpedear” de Izquierda Unida, las obras podrían incluso haber comenzado en la zona de la Huerta del Carmen.
Izquierda Unida señala que hay procedimiento administrativo “muy vivo”
Desde Izquierda Unida han indicado a Diario CÓRDOBA, como motivo del desistimiento, la persistencia de un procedimiento administrativo “muy vivo” y “aún por valorar”, exactamente, “si la propuesta de Herce” resulta “válida y admisible”. De tal modo que insisten en apuntar que existen vías administrativas absolutamente “vigentes y abiertas” con la oportunidad, en esta esfera, de paralizar el procedimiento.
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