El Ayuntamiento de Pozoblanco presenta alegaciones a la instalación de la planta de biogás de Dos Torres

La instalación de la planta de biogás en el término municipal de Dos Torres, a unos tres kilómetros de Pozoblanco, ha llevado al Ayuntamiento pozoalbense a presentar una alegación en el periodo habilitado para tal efecto. Así lo confirmó el primer edil, Santiago Cabello, durante la sesión plenaria celebrada en la noche de este martes. El alcalde indicó que "es un problema que preocupa a la población y el Ayuntamiento ni puede ni debe mirar hacia otro lado".

La alegación se presentó después de que el Consistorio solicitara un informe y asesoramiento jurídico a la Diputación de Córdoba. "Entendemos que dentro del proyecto la publicación de documentos o no están correctos o pueden mejorarse. Nuestra responsabilidad es hacer esa alegación y que si este proyecto se lleva hacia adelante se ajuste a la normativa vigente”, explicó Cabello.

No se dieron más detalles de esa alegación, aunque se indicó a los portavoces de la oposición que se darían más detalles en el seno de las comisiones correspondientes. Esta alegación se suma a la que particulares y algunos grupos políticos han hecho ante el proyecto de implantación de la planta de biogás en el municipio vecino.

El Ayuntamiento también se encuentra a la espera de conocer el pronunciamiento sobre las alegaciones presentadas a la resolución provisional de los planes de actuación integrados (PAI) de entidades locales. Un programa al que el Consistorio se sumó de la mano de Villanueva de Córdoba solicitando 10 millones de euros. En esa resolución provisional ambos ayuntamientos quedaron fuera del reparto y de manera conjunta han presentado tres alegaciones que ahora están a la espera de ser resueltas.  

Convenio con la DGT

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad el convenio con la Jefatura Central de Tráfico para la implantación de un aula informatizada que permitirá mantener en Pozoblanco los exámenes teóricos del carné de conducir. También se dio luz verde a la moción de Unicef con motivo del Día Universal de la Infancia, y autorizó la devolución de la fianza de 40.000 euros a la empresa Monsecor, responsable de la limpieza de dependencias municipales.

Uno de los debates más acentuados del pleno fue el relativo a la aprobación de la finalización de la vía administrativa del expediente abierto para recuperar el teléfono móvil y la tablet que aún conserva el exconcejal de Personal y ahora edil no adscrito, Gerardo Arévalo. El asunto sigue también un recorrido judicial, actualmente paralizado por motivos personales del propio Arévalo.

El móvil y la tablet del concejal Arévalo

La propuesta de Alcaldía, que incluía desestimar las alegaciones del exconcejal popular y ordenar la recuperación de los dispositivos, salió adelante sin el apoyo de los grupos de la oposición. Tanto Izquierda Unida como el PSOE cuestionaron el procedimiento. El portavoz de IU, Emmanuel Vioque, advirtió incluso de que el expediente podría haberse tramitado fuera de plazo, lo que lo convertiría en nulo. Desde el PSOE, Rafael Villarreal recordó que existen precedentes de concejales que abonaron el valor del terminal y lo conservaron.

Ambas formaciones incidieron en las dudas sobre la información contenida en los dispositivos y preguntaron al equipo de gobierno si existe algún temor a que esos contenidos puedan trascender. El alcalde, Santiago Cabello, replicó que le produce “vergüenza” que dos bienes municipales no hayan sido devueltos, negó interés alguno en los datos almacenados y defendió que el asunto se resolvería mediante una copia de seguridad, argumento rechazado por la oposición por su escaso valor probatorio en sede judicial. El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ruiz, calificó el debate de “absurdo”.

Arévalo no participó en el debate por su condición de afectado, aunque intervino más tarde en ruegos y preguntas. Allí defendió nuevamente que no entrega el móvil ni la tablet porque contienen información relevante para la investigación judicial abierta en Pozoblanco sobre posibles irregularidades en contrataciones. También aseguró que ya ha abonado el importe de los dispositivos tras su tasación.