Social
IU lleva al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para proteger al personal que trabaja con menores bajo la tutela
El grupo provincial de izquierdas reclama a la Junta de Andalucía una "mejora inmediata de las condiciones laborales" de estos trabajadores

Fachada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba del próximo miércoles una moción para exigir al Gobierno andaluz del PP una "mejora inmediata de las condiciones laborales del personal de atención directa a menores, tanto en el sistema de justicia juvenil como en el de protección", explica IU en una nota de prensa.
La iniciativa, que surge tras el brutal asesinato de una educadora social en Badajoz, pretende visibilizar y denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas que trabajan en este ámbito. “Estamos hablando de profesionales que desempeñan su labor en contextos de altísima complejidad, sin los recursos necesarios y con un nivel de exposición muy elevado”, denuncian desde el grupo provincial.
Desde IU se plantea que la Diputación condene enérgicamente los hechos ocurridos en Badajoz y reconozca el papel esencial que desempeñan los y las profesionales que trabajan con menores en conflicto con la ley y con menores tutelados por la administración.
Refuerzo de las condiciones
Asimismo, se insta al Gobierno andaluz a revisar y reforzar urgentemente sus condiciones laborales, garantizar su seguridad física y psicológica, y poner fin a los procesos de privatización que deterioran la calidad del servicio y precarizan los empleos.
“El modelo basado en la externalización, la falta de recursos y la escasa formación específica está generando una situación insostenible”, advierten desde IU, que insiste en que “no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se pone en riesgo tanto a las trabajadoras como a los propios menores”.
La coalición también reclama la puesta en marcha de protocolos eficaces frente a las agresiones al personal y mecanismos permanentes de evaluación y supervisión de los centros, con participación de los agentes sociales y entidades especializadas. “No se trata solo de reaccionar ante una tragedia, sino de asumir de una vez que este sistema necesita una revisión profunda y urgente”, señalan.
IU defiende un modelo público, justo y eficaz de atención a la infancia y la adolescencia, “que no se base en el ahorro a costa de los derechos de quienes están sosteniendo uno de los pilares más delicados del sistema de bienestar”.
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