Los abogados de Lucena, en "total desacuerdo" con el traslado de la violencia machista a Córdoba

El Colegio de Abogados de Lucena ha informado este miércoles de su "total desacuerdo" con que los asuntos de violencia sobre la mujer de este partido judicial se lleven, a partir de 2026, en una nueva sección de violencia machista que se creará en Córdoba.

En este sentido, entiende que el cambio "obligará a las víctimas a desplazarse hasta Córdoba para la resolución de su asunto, reduciéndose la actuación de los profesionales de la abogacía a la asistencia inicial de la víctima ante dependencias policiales". Esta entidad recuerda que el partido judicial de Lucena abarca, además de este municipio, los de Rute, Encinas Reales, Benamejí, Palencia e Iznájar.

En los últimos días, el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, también ha avanzado que esta nueva sección de violencia sobre la mujer "creará problemas", ya que se asumirá desde el partido judicial de Córdoba (la capital) los asuntos de municipios distantes como Pozoblanco, Cabra y Lucena.

Sánchez Zamorano augura que la nueva sección de Violencia sobre la Mujer "creará problemas" al abarcar demasiado territorio

El Colegio de Abogados de Lucena avanza que está efectuando, "de forma urgente, determinadas actuaciones para la defensa de las víctimas de violencia de género y de nuestro colectivo profesional". En un comunicado, ha manifestado su "preocupación ante la reestructuración de la planta judicial en lo que respecta a los tribunales de instancia, por cuanto considera que incide directamente en el derecho a la tutela judicial efectiva y menoscaba el desempeño profesional de quienes ejercen la abogacía de manera particular o por el turno de oficio en el partido judicial de Lucena".

Entre otras ideas, lamenta que el cambio "se impone como hecho consumado, sin posibilidad de enmienda", toda vez que en la tramitación del Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, "se ha prescindido de consulta y de audiencia e información públicas, por su declaración de tramitación de urgencia y por tratarse de una norma organizativa que regula aspectos parciales y que no impone obligaciones relevantes a las personas destinatarias".

Al contrario, esta corporación entiende que "sí impone obligaciones y disfunciones a los profesionales y a los justiciables", y critica que no supondrá "ni proximidad ni mejora de la atención".

Rechazo de CSIF

En la misma línea, CSIF rechaza "la decisión adoptada por la Consejería de Justicia" de concentrar en Córdoba capital los casos de violencia de género correspondientes a los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco, y afirma que la medida ha sido adoptada "sin planificación ni refuerzo real de medios humanos ni materiales". En su opinión, "puede comprometer gravemente la protección judicial efectiva de las víctimas".

El responsable de Justicia de CSIF, Antonio González, alude a la situación actual del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, "que ya soporta una carga de trabajo elevada y cuya única ampliación prevista es la incorporación de un nuevo magistrado o magistrada en la (futura) sección especializada".

Entre otras ideas, el sindicato advierte de "costes económicos adicionales que muchas mujeres en esta situación de vulnerabilidad no pueden asumir, con el riesgo que eso supone de que finalmente no se presente la denuncia". Además, previene sobre posible "retrasos en las resoluciones judiciales".