Un grupo de bodegas y lagares de Montilla-Moriles piden amparo a la Junta ante el «déficit» del consejo regulador

Un grupo de bodegas y lagares de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha reclamado el amparo de la Junta de Andalucía para tratar de resolver el «déficit estructural» que, a su juicio, padece el consejo regulador.

En un comunicado suscrito por las bodegas Jesús Nazareno, Robles, Maíllo, Doblas y San Pablo, así como por los lagares Casablanca, Los Frailes, Los Raigones y La Primilla, el colectivo se lamenta de la «pasividad» de la Delegación Territorial de Agricultura en Córdoba, así como de la Dirección General de Agricultura, a cuyos máximos responsables se ha trasladado la «grave situación» por la que atraviesa el sector.

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«La reciente renovación del pleno del consejo regulador tras un proceso electoral fallido, en el que ha concurrido una lista de presunto consenso, no hace más que evidenciar el déficit democrático que padece este organismo, que lleva décadas en manos de una minoría de bodegas», afirmó este jueves el portavoz del colectivo, Cristóbal Luque, quien insistió en la necesidad de «actualizar la normativa interna que hoy está en vigor y que impide, de facto, que pueda haber una alternancia en los órganos de dirección del consejo».

Hectáreas y hectolitros calificados

Y es que, a juicio de las bodegas y lagares que se consideran afectadas, la aprobación de esta normativa que consagra un «injusto y arbitrario reparto de representantes» en función de las hectáreas de viñedo y de los hectolitros de vino calificados supuso «un gol por toda la escuadra a la Junta de Andalucía que, en su día, aceptó y validó una fórmula de ponderación de votos diseñada por la minoría que maneja desde siempre el consejo regulador».

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Por este motivo, el colectivo de bodegas y lagares de Montilla-Moriles reclama al Gobierno andaluz que «tome cartas en el asunto» para «devolver la justicia y la equidad a un organismo que, de perpetuarse en la situación que mantiene desde hace décadas, tiene todos los visos de acabar con una DOP histórica, atenazada por la alarmante pérdida de superficie de viñedo, por el paulatino descenso de ventas y por una ausencia de democracia en sus órganos de representación».

En ese sentido, Cristóbal Luque puso de relieve que «es la Junta de Andalucía la que tiene la potestad y las competencias necesarias, además de la obligación de tutela efectiva de un organismo público como la DOP Montilla-Moriles», motivo por el cual el colectivo le reclama su intervención «cuanto antes».