Política

Cruce de acusaciones entre los grupos de PP e IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco

Los populares piden la dimisión del edil no adscrito Gerardo Arévalo por su "complicidad" con IU, mientras Izquierda Unida se querella contra el alcalde por unas presuntas irregularidades en contrataciones entre 2020 y 2024

Fachada principal del ayuntamiento de Pozoblanco.

Fachada principal del ayuntamiento de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Julia López

Julia López

La confrontación política sigue en Pozoblanco, mezclada ya con el ámbito judicial. El primer movimiento lo realizó este lunes el equipo de gobierno del Ayuntamiento (PP) pidiendo la dimisión del edil no adscrito Gerardo Arévalo por unos supuestos audios que reflejarían «la complicidad» de este con Izquierda Unida y, por tanto, su «alianza tránsfuga».

Según lo indicado por los populares en una nota de prensa, en ese mensaje de audio se escucharía a Miguel Calero (IU) «dar instrucciones» a Emmanuel Vioque para enviar documentación elaborada por IU a Gerardo Arévalo. Todo ello, precisan los populares, para «poner en práctica en el pleno su estrategia conjunta». 

Posteriormente, se conocía la querella interpuesta por IU contra el primer edil, Santiago Cabello, y la exconcejala de Personal, Inmaculada Reyes, por supuestas irregularidades en contrataciones entre 2020 y 2024

Dirigentes y concejales de Iu en Pozoblanco, en la rueda de prensa.

Dirigentes y concejales de Iu en Pozoblanco, en la rueda de prensa. / Rafa Sánchez

Prevaricación

Fue la abogada Amanda Meyer la encargada de detallar una querella que se circunscribe a dos delitos continuados de prevaricación administrativa y a la malversación de fondos públicos. La querella aporta 45 documentos recogidos del propio Ayuntamiento donde «se acredita que se ha establecido un sistema de contratación irregular al margen de la ley, fuera de la normativa», precisó abogada, que calificó como «contrataciones a dedo»

Amanda Meyer ahondó en que este paso judicial se fundamenta en tres hechos que «son continuados»: contrataciones temporales «sin tener en cuenta las advertencias de la secretaría general o de la intervención que se producen de manera sistemática»; contrataciones temporales «al margen del reglamento de bolsa» e «incluso cometiendo irregularidades en la duración de esos contratos»; y el caso del joven que cobró sin acudir a trabajar, si bien este último caso ha sido archivado por la Fiscalía.

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