El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Pozoblanco sacó a licitación el contrato de redacción del proyecto de urbanización, seguridad y salud de la primera unidad de ejecución del Polígono Industrial Dehesa Boyal II. Siete meses después, se ha firmado el contrato para la redacción de ese proyecto que ha recaído en una empresa pozoalbense formada por los arquitectos Juan Diego Cabrera y Juan Salamanca y el estudio de ingeniería Estudio 3. El plazo de realización es de dos meses a contar desde la firma.
El objetivo del contrato es la redacción del proyecto de urbanización, seguridad y salud de la Unidad de Ejecución 1 del polígono, que afecta a un espacio de casi 250.000 metros cuadrados situados frente al polígono Dehesa Boyal I y en el margen izquierdo de la carretera provincial CO-6411. Eso se traduce en la intervención en 250.000 metros cuadrados de los 570.000 metros cuadrados del total que se proyectó en el polígono y que serán acometidos dependiendo de las demandas y las necesidades empresariales.
El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha afirmado que la construcción de este polígono «vendrá a resolver el grave problema de oferta de suelo industrial que padecía la localidad». El regidor explicó que «es un paso más y muy importante en un proceso administrativo muy largo en el tiempo y dificultoso, pero que ya va llegando a su fin».
El primer edil explicó que al concurso para la redacción del proyecto de urbanización, seguridad y salud se presentaron más de 20 empresas, lo que demuestra «el interés que este proyecto ha suscitado entre los profesionales de la arquitectura y el desarrollo urbanístico», no en vano se trataría en el polígono industrial más grande de todo el Norte de la provincia de Cordoba una vez se actúe en todas las unidades de ejecución.
Algunos obstáculos
Entre las dificultades señaladas por el primer edil hay que recordar que el proceso de adjudicación de este contrato ha sufrido retrasos por los recursos interpuestos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que no estaban de acuerdo con los parámetros del contrato y que obligó a paralizar el procedimiento con el consiguiente retraso en la adjudicación y la posterior firma del documento.
Sin ir mas lejos, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental elevó sus quejas hasta el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba.
