El proyecto del polémico polígono industrial de Los Fruteros de Fuente Palmera, que viene arrastrando un retraso de dos décadas desde que se iniciaran los primeros pasos, se encuentra ahora con un nuevo escollo, en este caso relacionado con una reclamación de la familia propietaria de los terrenos donde se está levantando el espacio industrial. La familia Ruiz Martínez de Tembleque ha denunciado ante este periódico el incumplimiento por parte del Consistorio colono de los compromisos suscritos para hacer posible la dotación industrial para el municipio.
La familia Ruiz es la propietaria mayoritaria (un 98,9%) de los terrenos. Para hacer posible dicha construcción se suscribieron por las dos partes una serie de documentos en los que se recogen los compromisos de ambas y las indemnizaciones correspondientes en determinadas circunstancias. Uno de esos compromisos es el del equilibrio económico entre el valor del bien aportado y los gastos necesarios para acometer la urbanización. Es decir, se valora lo que aporta cada propietario de la tierra al proyecto y se hace la diferencia con los costes que esta urbanización supone. En el caso de la familia Ruiz, el valor del patrimonio aportado supera los costes previstos de la urbanización en más de 6.000 euros. El acuerdo recogía también abonarles el Ayuntamiento la cuantía correspondiente al IBI de las citadas parcelas.
Por otro lado, un convenio firmado con el Ayuntamiento en el año 2012 indicaba que, concluido el plazo previsto para la ejecución de las obras, si éstas no se han ejecutado «el Ayuntamiento de Fuente Palmera indemnizará a la propiedad con una suma en metálico igual al doble de la rentabilidad agrícola media de los terrenos de características similares en la localidad». Ante esta situación, Inés Ruiz, una de las propietarias de los terrenos, ha señalado a Diario CÓRDOBA que son «considerables» las pérdidas que se les están causando a la familia porque a día de hoy el Ayuntamiento de La Colonia no ha abonado cantidad alguna.
Al respecto, el alcalde del municipio, Francisco Javier Ruiz, ha indicado que la familia propietaria ha estado informada de todos los pasos que han ido dando. Así, señala que, respecto al convenio del año 2012, «ante la imposibilidad de su cumplimiento», existe un acuerdo plenario posterior en el que se dejó sin efecto el mismo, lo que se recogió expresamente en el posterior proyecto de reparcelación «con pleno conocimiento de ambas partes». Sobre este caso en concreto, el alcalde señala que la propiedad inició un procedimiento judicial del que más tarde «desistieron». Además, señala el primer edil que, pese a estar la familia informada de todos pasos dados, «no ha presentado ninguna alegación al respecto».
En cuanto al pago de la compensación urbanística y del IBI, Ruiz Moro señala que «se están llevando a cabo los trámites para la resolución del pago», admitiendo que cuando acaben las obras de urbanización se revisará dicho valor. Por otro lado, se señala que todas las parcelas de la propiedad están escrituradas y que fueron, además, elegidas por los propietarios.
También se ha quejado la familia de que se ha dado por concluida la primera fase del polígono y no se ha contado con ellos, que son los principales afectados de la misma. Al respecto, informa el alcalde que lo que ya se ha recepcionado es solo una parte de la primera fase, que se corresponde con las obras que tenía que acometer la Diputación de Córdoba dentro de los planes provinciales y que «para poner en carga la primera fase se han de finalizar las instalaciones complementarias eléctricas y transformadores, así como con el PFEA se realizará la ejecución de la obra civil hasta la cooperativa San Francisco de Borja, y, evidentemente, contaremos con la propiedad».
