ENTREVISTA | Óscar Reina Secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)

«La gran victoria es que la Junta ya no puede vender Somonte»

El sindicalista señala que «poner parte de la finca en regadío podría suponer miles de jornales en la comarca al año»

Óscar Reina, en una foto de archivo, durante su estancia en Somonte

Óscar Reina, en una foto de archivo, durante su estancia en Somonte / MANUEL MURILLO

Rafael Valenzuela

Rafael Valenzuela

En los últimos once años el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha ocupado hasta por 12 veces la finca Somonte, ubicada en Palma del Río y propiedad de la Junta de Andalucía. El SAT pretendía que se diera al citado cortijo un uso social. El domingo, la organización decidió salir de Somonte voluntariamente.

Después de once años de ocupación, ¿por qué se van?

La Junta nos venía advirtiendo vía burofax de que teníamos que irnos y nosotros recurriendo, hasta que ya ha llegado el punto de que se agotan todos los plazos. Por eso, el día antes de que se cumpliera el plazo de desalojo voluntario hemos salido para evitar perjuicios económicos. Nos podrían imponer una multa de varios miles de euros y el sindicato no está en condiciones de afrontarla. 

De no acceder, se habría iniciado otro proceso judicial más por esta ocupación…

-Sí. Hemos tenido seis o siete procesos judiciales distintos y en la gran mayoría hemos salido absueltos. Solo en uno de ellos se nos condena a devolver la posesión de la finca a la Junta, cosa que nosotros siempre hemos defendido. Nosotros no queremos la propiedad de la finca. Hemos estado hasta ahora en Somonte defendiendo su propiedad pública y que no se venda a ningún terrateniente ni a ningún fondo de inversión.

Además de que se mantenga la titularidad pública de la finca, ¿para qué quiere el SAT Somonte?

-Es muy importante la posibilidad de estar legalmente en la finca porque así podríamos desembolsar una inversión económica que posibilite poner parte de la finca en regadío. Esto es muy importante, porque podría multiplicar la mano de obra, estaríamos hablando de miles de jornales al año. Podríamos sembrar cultivos que dan mano de obra, como pimientos o alcachofas y luego invertir en la transformación de esos productos. Eso ya lo hemos hecho en otras cooperativas. Podríamos estar hablando de muchísima mano de obra para toda la comarca de Palma del Río, La Campana, Peñaflor, de todos los pueblos colindantes, y eso estaría bastante bien.

En estos años ¿Qué parte de esos objetivos ha cumplido, cómo se ha materializado esa idea?

- Bueno, básicamente, lo que hemos podido es resistir. Eso sí queremos aclararlo. Tampoco queremos pintar más de lo que hemos podido hacer. Hemos podido resistir, hemos sembrado la totalidad de la finca varios años consecutivos, pero como estamos sin subvenciones, porque las subvenciones las ha percibido durante varios años la administración y estamos de una forma ilegal o alegal, según se quiera interpretar, pues no hemos podido contratar legalmente a nadie. Es triste, pero bueno, hemos estado de forma altruista, de manera voluntaria y hemos podido demostrar que la finca tiene más posibilidades que las que la Junta estaba confirmando con sus hechos. Y es muy importante, y eso sí es una victoria grande, que la Junta ya no puede vender la finca porque la ha encuadrado dentro del Patrimonio Andaluz. Eso sí era uno de los grandes objetivos y después de once años de lucha lo hemos conseguido.

Esa inclusión en el Patrimonio Andaluz, ¿qué supone? ¿Qué se puede hacer con esa finca ahora que no se puede vender?

La Junta tiene varias alternativas. Una es que puede gestionarla a través de sus recursos propios, pero ya sabemos cómo tiene otras fincas. Desde nuestro punto de vista, son manifiestamente mejorables. Yo creo que lo más productivo es que la cedieran en usufructo a cooperativas de trabajadores y les marcaran unos objetivos.No sería una cesión de por vida, sino por cinco años, que es lo que le estamos proponiendo nosotros, y que nos la revisen todos los años, que haya un peritaje por parte de sus técnicos, y que se vea la evolución y que se cumplen los objetivos. Si no se cumplen, de empleo, de desarrollo de la tierra, de ecosostenibilidad, pues que nos echen, que haya una regulación, unos baremos, y que si no cumplimos que nos echen.

¿Se ha puesto en práctica esa fórmula ya en algún sitio?

-Sí, bueno, en Marinaleda se hace. No hay ese control sino que hay una cesión de tierras por 25 años en un principio y ahora se está prorrogando año a año y funciona; y en Pedrera, también. Hay cooperativas nuestras que están funcionando. Yo voy más allá, porque tanto en una experiencia como en otra, la Junta da la posibilidad de que los cooperativistas compren la tierra y nosotros eso no lo queremos. Queremos que la propiedad sea siempre de todos los andaluces o andaluzas.

En caso de que la Junta no acceda a vuestras pretensiones, no descartan volver a ocupar ¿Sería otra vez esta finca u otras?

-Concretamente ésta, pero no descartamos otras. Porque aquí cerquita está Guzmán o está Guadalora, que están en las mismas condiciones que Somonte. Además, tenemos el sindicato fuerte en toda esa zona, lo mismo decidimos ocupar otras fincas o varias a la vez, ya veremos.

¿Es ese el único método para alcanzar un uso social del campo, la ocupación?

-Bueno, hasta el día de hoy, los hechos nos demuestran que, tristemente, sí. Nadie quiere llegar a este punto. Yo me estoy jugando que cualquier día me vuelvan a detener y me metan en prisión. Eso a nadie le gusta, cuando lo que defendemos está dentro del marco legal. Tristemente, después de muchísimas reuniones, hasta el día de hoy solo han funcionado así, a base de ocupación, de echarle el pulso. No solo la Junta de ahora, sino también antes con el PSOE e incluso con el gobierno de PSOE e Izquierda Unida. Ojalá hubiera un cambio de voluntad por parte de ellos y nosotros no tendríamos problema en dar un paso al lado y ver si hay fórmulas de negociación, pero, hasta el día de hoy, los hechos nos demuestran que no. 

La fórmula de gestión que ustedes proponen ¿la ampara la Ley? 

-Sí, de hecho la ley 8/1984 de Reforma Agraria de la Junta de Andalucía lo regulaba. Hay fórmulas. La Junta puede ofertar a cooperativas de trabajadores el laboreo de sus tierras y de otros recursos públicos. 

¿Cuántos miembros de SAT se han visto delante del juez por esta ocupación?

-Más de cien. Hubo un proceso en el que estuvimos 48 y luego algunos hemos repetido. Hay otros nuevos y algunos que ya no están con nosotros. 

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