Solo Lucena y Montilla tienen aprobados planes contra la sequía

Solo dos de los seis municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba tienen redactado y aprobado un plan de emergencia contra la sequía, documento que están obligados a tener según la normativa española sobre gestión de aguas. Estos dos municipios son Lucena y Montilla. Por su parte, en Puente Genil el texto está redactado y pendiente de aprobación, algo que ya no se producirá en el presente mandato. Los tres planes aprobados coinciden en escalar las medidas en función de la fase en la que se encuentre el problema (normalidad, prealerta, alerta o emergencia). Los otros tres ayuntamientos con la misma obligación (Priego, Cabra y Palma del Río), aunque carecen del citado plan, sí han aprobado medidas excepcionales contra la sequía.

Cuatro tipo de actuaciones

Así, en el caso de Lucena se contemplan cuatro tipos de actuaciones, como son las de carácter ambiental, institucional, socioeconómico y técnico. A modo de síntesis, entre las propuestas que recogen en los dos últimos estadios --alerta y emergencia--, destacan la realización de campañas de educación ambiental destinadas al uso responsable del agua, informar sobre las acciones acometidas por la entidad responsable para combatir la sequía, aplicar tarifas restrictivas en todos los niveles de consumo, cortes de suministro nocturno en la red en función de las especificidades de Emproacsa y la Confederación, restricciones y prohibición, en su caso, de determinados usos no esenciales del agua, campañas para la reducción de fugas en la red de abastecimiento y de detección de fraudes y usos indebidos.

También en Montilla se articulan las actuaciones que se deben llevar a cabo en función del «escenario» de sequía que se esté viviendo. Así, en la fase de alerta, se plantean actuaciones en el ámbito orgánico o de funcionamiento, como constituir un comité para la gestión de la sequía y crear una mesa de seguimiento. Otro ámbito de actuación es sobre la demanda. Aquí se incluyen campañas sobre el «esfuerzo ahorrador» que han de hacer los vecinos, reducir el consumo privado un 5% sobre el gasto del año anterior y establecer un «régimen sancionador» para «aquellos usuarios que no alcancen a reducir sus consumos en el porcentaje establecido». Si la situación empeora, el plan de Montilla recoge considerar las medidas «necesarias que permitan alcanzar el objetivo de reducir la demanda base un 10% en el estado de emergencia». El documento incorpora también medidas para las fases de emergencia en una escala de uno a tres. En la fase 1 se trata de acciones «de carácter táctico» vinculadas a la fase anteriormente citada y «de alcance moderado y trascendencia limitada a nivel socioeconómico». En este sentido, se exigirá a los usuarios un esfuerzo mayor en la reducción de su consumo, formalizando la reducción en un 10% sobre el consumo del año anterior y, en caso de incumplimiento, establecer prohibiciones y sanciones más duras. A medida que se alcancen las fases 2 y 3 de la emergencia, las medidas anteriores podrán ir aumentando, tanto en restricción como en sanciones o cortes de suministro, hasta llegar a la activación de la fase de «emergencia crítica», llegando a imponer una reducción de consumo al 20% y limitando el abastecimiento al mínimo en horas concretas.

Actuaciones extraordinarias contra la sequía en Priego, Palma del Río y Cabra

En julio

En el caso de Puente Genil, la situación es distinta, puesto que el documento está redactado pero no aprobado por el Pleno, algo que se espera que pueda llevarse a cabo en julio, según las fuentes municipales consultadas por este periódico. Este documento sigue la misma estructura que los anteriores. Es decir, plantea acciones en función de la fase en la que se encuentre el municipio (normalidad, alerta o emergencia).

El plan pontano especifica que «debido a la gran dependencia de Puente Genil de los recursos provenientes de Emproacsa, es recomendable que las medidas de gestión de sequía se articulen en base a las medidas que se toman en el plan de la empresa provincial». Así, se señala que son «especialmente relevantes las medidas que dicho plan incluye sobre la reducción de dotaciones en cada uno de los escenarios, puesto que estas reducciones limitarán (al margen de los recursos que se puedan obtener de las captaciones propias) el volumen total disponible en el municipio». Las reducciones propuestas en el abastecimiento son de un 10% (prealerta), más del 10% (alerta) y 20% (emergencia).

Este documento también incluye medidas de carácter socioeconómico que pasan también por campañas de concienciación y penalizaciones por el mal uso del agua.

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