Una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía orilla una angustia latente de los vecinos de Campo de Aras y Cristo Marroquí de Lucena por la contingencia de la privación del suministro de agua corriente. Un auto notificado este último miércoles garantiza el abastecimiento al aceptar las medidas cautelares solicitadas por la asociación de vecinos Crisaras.
Una denuncia formulada al término del 2021 por el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico originó un procedimiento que derivó en un expediente sancionador impuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El organismo gubernamental ordenaba el sellado de las captaciones hídricas y, en consecuencia, provocaba el corte del agua para unas 500 familias, bares y algunas naves industriales.
El colectivo vecinal articuló su defensa en la jurisdicción contencioso-administrativa en el transcurso del 2022. Paralelamente, la letrada Isabel Guardeño requirió la suspensión de la ejecución de la obligación de inutilizar las extracciones, basándose en «los perjuicios verdaderamente irreparables» que conllevaría para los habitantes en esta zona residencial. Un argumento que ha acogido la sección tercera del TSJA, con sede en Sevilla.
La asociación Crisaras califica de «gran noticia» este «alivio» que perdurará, en principio, hasta la finalización del procedimiento judicial.
La abogacía del Estado, que representa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se había opuesto a estas medidas cautelares.
Contra esta resolución cabe recurso y el organismo de cuenca dispone de cinco días para presentar alegaciones.
