La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana M. Carrillo, presentaba este viernes la propuesta de las ordenanzas fiscales para el año 2023, que defenderá en el pleno ordinario de octubre, el próximo lunes. Una propuesta que, de ser aprobada, entrará en vigor en enero del próximo año y en la que el equipo de gobierno (PSOE-Cs) plantea "una congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, es decir, no aumenta la presión fiscal", indicó la edil.
En la propuesta plantean la modificación de cuatro tasas. De un lado, la relativa a la ordenanza para el uso privativo de la pista de tráfico. Según indicó, se está produciendo un aumento de la demanda de autoescuelas de otros municipios para realizar las prácticas en esta pista, hecho que supone un gasto en seguridad para el Ayuntamiento. Por ello, la propuesta pasa por ampliar la tarifa para las escuelas que realicen las prácticas para la obtención de los carnés A y B (se cobrará 56,84 euros frente a los 48,36 anteriores). Para la obtención del C y D ahora tendrán que abonar 68,44 y antes, 58,32. Por la realización de las prácticas teóricas de escuelas no autorizadas, deberán abonar 17,98 euros frente a los 15 que abonaban hasta ahora. Y para la realización de exámenes prácticos, 35,35 euros (antes, 30).
Carrillo informó de que plantearán, por otro lado, modificar la tasa por el uso privativo para el aprovechamiento público, haciendo cumplir así una propuesta plenaria que se aprobó por unanimidad para "la reserva nominativa de aparcamientos a personas con movilidad reducida". Es decir, los vecinos que requieran pintar un metro lineal para prohibir el aparcamiento deberán abonar 15 euros. Esto significa añadir un 30% de coste a la tasa que ya abonan por entrada de cochera.
La tercera revisión hace referencia a la tarifa por el uso del autobús urbano. Después de tres años sin revisarse, dijo la edil, y a petición de la empresa adjudicataria, Autocares Marín, se actualizan los billetes urbanos a 1,15 euros, la misma tarifa que se abona por el billete a las aldeas. Se mantiene la tarjeta verde en 0,60 céntimos de euros; se aplica la modificación del 30% y siguen estando exentos de pago los mayores de 65 años.
Por último, se actualiza el precio público en instalaciones deportivas, "después de varios años sin modificarse".
