La adquisición de pisos sociales anunciada, desde hace meses, por el Ayuntamiento de Lucena permanece estancada y las previsiones sobre su efectiva materialización apuntan al ejercicio 2023.
La dilación en la extinción de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvilusa) y la subsiguiente integración de estas competencias en el organigrama de la administración local constituyen la causa de la paralización de la licitación de un pliego cifrado en 350.000 euros y que propiciaría la compra de 11 viviendas. El Consistorio ha consignado otros 100.000 para la rehabilitación y adecuación de los inmuebles. Técnicos municipales consideran preferible interrumpir esta iniciativa por las dificultades que entrañaría, posteriormente, un cambio en la titularidad, desde Suvilusa hacia el Consistorio.
La mayoría de los inmuebles, ante las necesidades expresadas por los peticionarios actuales, constaría de uno o dos dormitorios, aunque también incrementaría el parque municipal de viviendas pisos de hasta tres habitaciones.
Fuentes municipales informan de que, actualmente, constan unas 80 peticiones de vivienda protegida, una cifra que continúa estable en los últimos meses. La imposibilidad de atender esta demanda, relativa a un derecho fundamental, por la insuficiencia de edificaciones de esta tipología, promovió esta operación orientada, a priori, a entidades bancarias y promotoras puesto que poseen multitud de pisos sin utilidad. Además, tanto Ciudadanos como Izquierda Unida, en los respectivos acuerdos presupuestarios para 2022, incluyeron esta exigencia al equipo de gobierno municipal.
Las mismas fuentes reiteran que la liquidación de Suvilusa resulta compleja y aún han de emitir los respectivos informes, económicos y jurídicos, tanto Intervención como Secretaría. Posteriormente, el consejo de administración celebraría una sesión extraordinaria. Incluso así, desde el gobierno local todavía consideran factible culminar este procedimiento a fecha de 31 de diciembre al objeto de implementar la nueva gestión, como ocurriera, por ejemplo, con el Patronato Deportivo Municipal, coincidiendo con el inicio del año natural.
La concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, significaba ayer ciertas «desavenencias» entre los técnicos del Ayuntamiento acerca de la extinción de Suvilusa. Una disparidad de pareceres que, en modo algo, difumina «la intención provincial» de acometer esta reordenación competencial y organizativa. «No creo que haya ningún problema y espero que llegue a buen puerto», matizaba. En relación a la adquisición de viviendas sociales, Gallardo detallaba que «continuamos trabajando en el pliego» y aclaraba que «el dinero no se quedaría como remanente ni en saco roto» porque correspondería a un préstamo, probablemente preconcedido, y se incorporaría al presupuesto de 2023. Por el momento, Gallardo no especificaba si, también en el año próximo, se extraería otra partida, de los presupuestos municipales, destinada a más viviendas sociales.
El Consistorio, tras culminar la desaparición de Suvilusa, integraría el área de Vivienda en la delegación de Servicios Sociales.
