El recibo del agua traza, en Lucena, su segunda subida en dos años y, en ambos casos, el incremento se cuantifica, de media, en un 6,2%. El equipo de gobierno socialista defiende que los nuevos porcentajes premian los consumos inferiores y, en vez de optarse por un crecimiento del importe «lineal», los índices aumentan en función de los tramos de abastecimiento en cada domicilio.
La modificación planteada por el gobierno municipal, y respaldada por Vox, Ciudadanos e Izquierda Unida, afecta a distintos aspectos. Una nueva ordenanza fusiona dos normativas municipales anteriores y, desde ahora, en una sola aportación, cada vecino abona los servicios esenciales de abastecimiento, alcantarillado y depuración. Además, el tipo de contribución cambia de tasa a precio público al adaptar los conceptos fiscales a otra disposición nacional.
Desde el PP, única formación de que expresó, en el Pleno del pasado jueves, su voto en contra, el edil Ángel Novillo advertía que, en el año 2019, con efectividad en el ejercicio 2020, el Consistorio ya introdujo un ascenso del 6% en este bien básico. «Ni hemos estado, ni estamos ni estaremos a favor», sentenciaba Novillo, de esta fórmula «de cuadrar las cuentas» puesto que «es lo más fácil y más cómodo», abundaba.
En contraposición, la edil responsable de la empresa municipal Aguas de Lucena, Mamen Beato, contrarrestaba que, desde el año 2013, el IPC ha subido en un 16,6% y, en consecuencia, el incremento de los precios del agua «está incluso por debajo», señalaba.
La ordenanza recoge una eventual inserción de un canon en el recibo destinado a sufragar obras en las infraestructuras hidráulicas. Un precepto económico que soportaría la renovación de la conducción de agua desde el Manantial de Zambra a Lucena. La activación de esta cuota debería recibir otro respaldo plenario.
Distintos usos para un mismo suelo
Una misma edificación de Lucena podrá concentrar dos usos diferentes. La modificación del PGOU ratificada, en el último Pleno, con el voto en contra de IU, permite añadir al uso principal otro complementario siempre que su extensión sea inferior al 50%.
Esta rectificación de las normas urbanísticas locales incide, especialmente, en el traslado de la asociación asistencial Amara al Centro de Energías Renovables. Este trámite, ya superado, significaba el último obstáculo para formalizar la cesión del recinto ubicado en el Parque Empresarial Príncipe Felipe.
En la misma sesión, PSOE e IU impidieron la aprobación de una moción presentada, conjuntamente, por Ciudadanos y el PP con la finalidad de revisar los costes relativos al expediente de declaración de asimilado fuera de ordenación. Esta opción propicia el acceso a las infraestructuras básicas, en distintos supuestos, a edificaciones irregulares, como ocurre, con el agua potable, en Campo de Aras.
