La Fiscalía del caso del crimen de la Chica Carlota tachó este lunes de «absurda e irracional» la argumentación del principal acusado , Pedro G, en la narración de los acontecimientos que ocurrieron en septiembre del 2017, cuando se produjo la desaparición de Juan Carlos Rodríguez Borrero, en unos hechos que desembocaron en el hallazgo de su cuerpo, 11 meses después, enterrado en el huerto de su casa en la citada aldea de La Carlota.
En una nueva sesión del juicio celebrada este lunes, consideró la fiscal en su lectura de conclusiones que ha quedado demostrado con las pruebas y los testimonios, que el principal acusado (Pedro G.) fue quien acabó con la vida de Juan Carlos, por medio de un estrangulamiento, como afirmaron los forenses que prestaron este lunes declaración. Para la representante del ministerio público, que mantiene su petición de prisión permanente revisable, la declaración del acusado el primer día de la vista, no es verosímil, pues ninguno de los testigos que han pasado por la sala habló de ninguna relación sentimental entre el acusado y la víctima, como él hizo creer al jurado. Además, pruebas periciales presentadas, centradas en la geolocalización de los teléfonos, los correos y los testimonios escuchados han «hecho decaer el principio de presunción de inocencia». Cree la fiscal que el hecho de que Pedro G. no hubiera querido declarar antes del juicio ante ninguna instancia durante la instrucción del caso, era para poder elaborar su propia narración de los hechos.
Siguió explicando la representante de la Fiscalía que el acusado lo tenía todo planeado, hecho que demuestra la frialdad con la que dio algunos de sus pasos, como engañar a su pareja sobre algunos desplazamiento, comprar en la ferretería todo lo necesario para cometer el crimen o intentar hacer creer a los investigadores que Juan Carlos se había marchado a Colombia con una mujer y reconocer ante el tribunal su condición de delincuente habitual. También es ejemplo de su condición de autor del asesinato, para la Fiscalía, el hecho de haber estado consultando en internet el tiempo que tarda un cuerpo en descomponerse.
Las conclusiones del ministerio público apuntan a un móvil económico como causa del crimen, al que califica de asesinato, porque fue premeditado, con la intención de cometer otros delitos (robo, estafa, usurpación de personalidad) a sabiendas de la indefensión de la víctima, dada su condición de enfermo mental.
Sin embargo, la fiscal, aunque sí mantiene la acusación de estafa, no ve relación directa del otro acusado, el abogado Joaquín R, con el hecho material del asesinato, por considerar que no hay pruebas suficientes que lo incriminen, pero sí ve probados los delitos de estafa, pues aprovechó su credibilidad como profesional y la debilidad de su cliente, para cobrarle unos servicios que sabía que no iba a llevar a cabo.
Por su parte, los abogados de la acusación mantienen la petición de prisión permanente revisable para ambos acusados, pues consideran que si el letrado no hubiera puesto en contacto a Pedro G, del que conocía sus antecedentes, con Juan Carlos no se hubieran producido los hechos que se están juzgando, y que, además, el letrado sabía de la falsa identidad de la persona que había recomendado como investigador y que se considera el autor material de los hechos. Creen las dos acusaciones (que representan a los familiares de la víctima) que el letrado junto con el otro acusado había urdido un plan para robar a Juan Carlos y engañarlo, pues en ningún momento le advirtió que la denuncia que pretendía presentar la víctima «no tenía ni pies de ni cabeza» y que, además, ha quedado demostrado que Joaquín R. mintió cuando negó haber sido él el que pusiera en contacto a la víctima con el otro acusado, del que también dijo que lo conocía como cliente, cuando en los momentos de los hechos se intercambiaron más de 400 comunicaciones.
Las defensas
Por su parte, los letrados de las defensas rebatieron las acusaciones y consideran que no todo está probado. En concreto, José Juan Gutiérrez, defensor de Pedro G., señaló que en ningún momento se ha demostrado la vulnerabilidad de la víctima, ni esá claro que el homicidio fuera para cometer otros delitos, pues podría ser que primero se produjera la muerte y después se pensara en los robos. Además, señala que nada se ha dicho de los restos de semen de un hermano de la víctima que aparecieron en la casa y que la muestra de ADN de Juan Carlos en la carretilla solo ha sido referida por un agente de la Guardia Civil, sin más detalles. Y por último, apuntó a la falta de atención de los hermanos sobre Juan Carlos pues permanecían largos periodos sin verlo. A juicio de Gutiérrez Fabro, a veces, pruebas que se dan como evidentes, acaban por no serlo.
Por su parte, el abogado de Joaquín R, Andrés Córdoba, reclamó la absolución de su defendido porque «no hay pruebas que demuestren el complot del que se habla y lo único que los relaciona es que fue la persona que puso en contacto al otro imputado y a la víctima y que esa afirmación de las acusaciones "es una utopía sin fundamento". Respecto a la estafa, cree el abogado que la víctima era consciente de sus actos cuando firmó el acuerdo y que su defendido hizo gestiones para presentar la demanda.
Muerte por asfixia
Los últimos peritos que han declarado en esta larga vista fueron los médicos forenses que acudieron al levantamiento del cadáver y le practicaron la autopsia, quienes ratificaron su informe en el que señalan que la muerte de Juan Carlos Rodríguez Borrego se produjo por asfixia. Los peritos señalaron la dificultad de llegar a unas evidencias más claras debido al mal estado que presentaba el cuerpo.
Aún así concretaron que el cuerpo no presentaba señales de agresiones o golpes, pero sí unos surcos en las muñecas, compatibles con las cuerdas con que fue hallado y que la muerte se produjo por asfixia, pues sí se pudo constatar la rotura de del cartílago tiroides, lo que suele producirse por una compresión del cuello. Aunque los médicos también indicaron que podría haberse reforzado esta asfixia por una almohada obstruyendo las vías respiratorias, los forenses, a preguntas del juez, indicaron que se sugiere esta posibilidad al aparecer una almohada junto al cadáver, pero no se ha podido constatar fehacientemente.
