La instalación de un suministro público de agua en la zona residencial de Campo de Aras, en Lucena, cristalizaría en un «corto plazo», aproximadamente en un año y medio, si el Ayuntamiento impulsa sin demora la redacción del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial. Es una previsión vaticinada por la asociación de vecinos Crisaras que, en su última asamblea, celebrada este lunes, ratificaba su preferencia indiscutible por esta opción para consolidar definitivamente el abastecimiento hídrico.
La nueva ley urbanística de Andalucía faculta la elaboración de estos documentos técnicos en agrupaciones de edificaciones irregulares. Desde el colectivo de residentes en este núcleo poblacional, donde conviven más de 500 familias, sostienen que si el Consistorio encarga este proyecto urbanístico, económico y jurídico, encauza la ejecución de la obra de la red pública y, al mismo tiempo, el Pleno aprueba el convenio que se debe concertar con Crisaras, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) «aceptaría la paralización» del expediente sancionador que impone la anulación de las captaciones indebidas. Esta fórmula implica que el Ayuntamiento asumiría, en primer término, los costes de la dotación de infraestructuras y, posteriormente, los repercutiría a los propietarios. La Junta de Andalucía sí concede subvenciones directas que financian la confección del plan especial.
Más adelante, según ha explicado Manuel Hurtado, presidente de Crisaras, los titulares habrían de acogerse, en función de las distintas tipologías de las construcciones, a la figura de los Asimilados Fuera de Ordenamiento (AFO). Simultáneamente, en la última fase de la vía administrativa, los vecinos han presentado un recurso de reposición contra la desestimación de las últimas alegaciones por parte de la Confederación. Desde Crisaras analizan la utilización de la jurisdicción contencioso-administrativa porque «dilataría» los plazos. En todo caso, Hurtado «confía» en que el ente gubernamental nunca consume un precinto de las canalizaciones que privaría de agua a más de 2.000 personas que habitan en este sector durante el verano, así como a industrias y restaurantes.
