El alcalde de la colonia de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha solicitado una reunión de urgencia con los responsables del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de la Junta de Andalucía para abordar conjuntamente la delicada situación de la Comunidad de Regantes Salva García de Los Silillos. Para el Consistorio es necesario que todas las administraciones, en coordinación con la entidad, marquen una hoja de ruta para la salvación de esta a través de la dotación de canon de agua y mejora de las infraestructuras necesarias, poniendo en valor la balsa de almacenamiento que posee la comunidad.
Ruiz afirma que «debemos apostar por el sector agrario como pilar básico de nuestro municipio, generador de riqueza, empleo y fijación de los jóvenes a los territorios rurales».
El alcalde explica que «la comunidad de regantes surgió como un proceso de transformación de 1.100 hectáreas de secano buscando mayor productividad y rentabilidad de las explotaciones y, con ello, mayor riqueza y empleo para nuestra municipio». «Son los comuneros y comuneras los que están pagando económica y patrimonialmente las continuas irregularidades que se están produciendo, afectando a más de 300 familias. La situación se torna insostenible», afirma el primer edil.
Los comuneros, además de haber tenido que asumir proporcionalmente las deudas exigidas con las diferentes administraciones, embargos de terrenos por parte de la AEAT y el requerimiento de la devolución de las subvenciones otorgadas, se encuentran con una concesión de aguas insuficientes y unas instalaciones que no cumplen con las necesidades, lo que ha supuesto un deterioro gravísimo en su renta familiar y rentabilidad de sus explotaciones.
Para ahondar en la grave situación que están sufriendo, explica el alcalde, “el padrón municipal de riego ha sufrido continuas modificaciones, siendo desigual el diseño de infraestructuras hidráulicas desarrolladas; dichas discrepancias han provocado la denuncia y consiguiente imposición de sanciones de elevada cuantía para los comuneros y para la propia comunidad, que determina la incertidumbre en la continuidad de la actividad».
Ruiz sentencia que «no puede ser que los comuneros y las comuneras sigan pagando como hasta ahora, después de haber afrontado una cuantía superior a los 2,7 millones de euros y vean cómo sus explotaciones agrarias, y para muchos su modo de vida familiar, se estén muriendo poco a poco por incompetencia y malas gestiones continuadas».
