Paralizada, por temores económicos, la extinción de la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lucena SA (Suvilusa) y su consiguiente integración en el Ayuntamiento. La hipotética construcción de inmuebles de protección pública, que asumiría directamente el Consistorio, comporta, cuando menos, la interrupción de un proceso impulsado desde diciembre del pasado año. Según advierten desde el equipo de gobierno, el desarrollo de promociones de pisos, pilotado por la Administración local, implicaría gravosos perjuicios en la deuda y los tributos. En cambio, por tratarse de una empresa mercantil (Suvilusa), en estas mismas operaciones atiende menores obligaciones en el capítulo de impuestos.
A excepción de IU, confirman fuentes municipales, las fuerzas políticas restantes abogan, ante estas premisas y advertencias financieras, por afinar las conclusiones de los diferentes pronunciamientos técnicos y discernir, con fiabilidad, escenarios ulteriores. El alcalde, Juan Pérez (PSOE), prepondera su negativa a «renunciar a esa posibilidad de construir vivienda», que se desvanece si se consumara la liquidación de la empresa municipal. En los últimos años, en Lucena también cambió la tendencia de décadas anteriores y sociedades como el Patronato Deportivo Municipal, Servimán, la Agencia de Innovación de Lucena o la Gerencia de Urbanismo finalizaron su existencia y los objetivos, obligaciones y derechos se acoplaron al Ayuntamiento.
Las mismas fuentes municipales apuntan que, en las últimas semanas, una mesa de trabajo examina «los pros y los contras» de una maniobra organizativa reclamada por Izquierda Unida desde hace varios años y plasmada en el acuerdo presupuestario, entre IU y el PSOE, vigente en este ejercicio del 2022. El Ayuntamiento, incluso, ha realizado una consulta a la Agencia Tributaria. Los preceptivos informes emitidos por el vicesecretario e Intervención, en términos genéricos, «no ponen obstáculos», desde sus conceptos jurídicos, a la disolución y aceptan su viabilidad.
La integración de los trabajadores es otro de los asuntos que hay que resolver
Desde el equipo de gobierno, añaden que estos mismos técnicos municipales consideran que «no sería aconsejable», partiendo de una valoración económica, la conclusión del trayecto de Suvilusa, instituida en 1994, si el Ayuntamiento aspira a edificar vivienda social. El regidor socialista admite que «es partidario de la integración», aunque remarca que rehúsa abandonar definitivamente la pretensión de erigir edificaciones de tipología social desde el ámbito municipal.
En el plano laboral, y ante las interminables desigualdades de los tres empleados de Suvilusa en relación a los demás trabajadores del Ayuntamiento, Pérez asevera que «hace tiempo ya se encargó una valoración de puestos de trabajo» y «la estoy demandando» a fin de lograr la equiparación. El compromiso con Izquierda Unida expiraba al término del mes de mayo. El regidor socialista sí garantiza que esta homogeneización retrotraerá sus efectos al 1 de enero.
Izquierda Unida asegura que hay informes que ven viable la disolución y la subrogación laboral
El razonamiento utilizado por el equipo de gobierno al reconocer los reparos a la extinción de Suvilusa supone, para Izquierda Unida, «algo tan excepcional que apostaría que no se va a dar en los próximos años», dado que el Ayuntamiento carece de una mínima «capacidad de inversión». Una hipótesis que «está fuera de los programas del PSOE y de los presupuestos», agrega Miguel Villa, único concejal y portavoz de IU en el Consistorio.
En este contexto, IU defiende que «hay que tomar decisiones políticas» que se liguen a la «conveniencia» de la vivienda pública, en vez de supeditarlas a «aspectos técnicos futuribles». La regla normativa de la prorrata, apunta Villa, favorecería al Ayuntamiento en el equilibrio del IVA al contrapesar la prestación de servicios y el pago de los tributos si finalmente se produce la realización de inmuebles sociales.
Entiende IU, proponente también, en su momento, del mismo proceso con Servimán, que los informes emitidos confieren «viabilidad» a esta disolución y subrogación de los trabajadores y, desde el área económica, se arguye que «no alteraría de forma considerable el presupuesto». Finalmente, IU ha respaldado la integración de la materia de Vivienda en el departamento de Servicios Sociales, una alternativa que, avanza Juan Pérez, «se habrá de abordar en la estructura de la próxima Corporación». El alcalde sí se compromete a «reforzar» Suvilusa, por ejemplo con la contratación de una trabajadora social.
Las viviendas sociales se posponen a junio
La aprobación plenaria del pliego que sustentará la licitación para la compra de 11 viviendas, que engrosarán el parque público del Ayuntamiento de Lucena, se retrasa, al menos, a junio. En un primer momento, la pretensión del equipo de gobierno fijaba en mayo el primer impulso administrativo a un concurso público cuyo presupuesto base es de 350.000 euros. Otra partida contempla 100.000 euros aplicados a la rehabilitación de unos pisos que, probablemente, procederán de entidades bancarias. Técnicos de Urbanismo aún han de ratificar la pertinencia de los requisitos y directrices técnicas y económicas. La edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE), apostilla que «hemos adaptado algunas cláusulas a las necesidades reales» de este departamento municipal. Obligatoriamente, la incorporación de estos inmuebles al patrimonio de la Administración local ha de «materializarse» en este 2022 por las exigencias presupuestarias. En los condicionantes del pliego, se prioriza «la diseminación» de estos inmuebles al objeto de eludir la concentración, en una misma zona, de pisos de idéntico carácter. La demanda de vivienda social, según los datos del Ayuntamiento, se eleva a unas 80 familias. La necesidad más acuciante invita a obtener pisos de 1 y 2 dormitorios y, por poseer lotes, se prevé factible concertar acuerdos con bancos. En todo caso, el Ayuntamiento, igualmente, acepta rubricar transacciones con particulares. Paralelamente, en los últimos meses, Suvilusa ha promovido desahucios y lanzamientos de pisos ocupados irregularmente en El Zarpazo, cuando no afecte a familias usuarias de Servicios Sociales.
