Evitar la despoblación a través de la diversificación de la economía local, además de favorecer la resilencia del municipio a través de la transformación del sector agrícola y la apuesta por las renovables para hacer de Montilla una ciudad «caminable» e «inclusiva». Estos son los tres grandes retos que marca la Agenda Urbana, un documento que el equipo de gobierno confía en poder desarrollar de la mano de los fondos europeos Next Generation.
El documento, que ha contado con una ayuda de 150.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, busca consensuar con la ciudadanía los principales «retos de futuro».
«Es un proyecto que debe ser consensuado por todos porque va a marcar el modelo de ciudad sobre su desarrollo económico y social, sobre la transición ecológica o la transformación digital y que deberá desarrollarse hasta el año 2030», explicó el alcalde, Rafael Llamas, durante la presentación del estudio diagnóstico, que ha sido desarrollado por la consultora EOSA y por técnicos municipales.
De este modo, tras esta primera fase de diagnóstico y puesta en común con las asociaciones y colectivos de la ciudad, el objetivo del equipo de gobierno es desarrollar una segunda fase en la que «identificar retos» sobre los que establecer propuestas concretas antes del próximo mes de octubre.
Finalmente, el tercer paso será la puesta en marcha de un plan de acción para los próximos años que permitan aplicar esas políticas.
Un futuro modelo de ciudad que, en este primer encuentro con los colectivos locales, pone su foco de atención en el modelo de movilidad que desde hace más de dos décadas se viene desarrollando en Pontevedra. En este sentido, Demetrio Gómez, delegado de Movilidad de la capital gallega, insistió en la necesidad de que «todas las herramientas para trabajar en el espacio público deben orientarse a construir una ciudad para las personas».
Por su parte, Eva Vilaverde, responsable de Espacios Públicos, añadió que las medidas para ejecutar este modelo «depende de las condiciones de cada ciudad» pero, en el caso de Pontevedra, reconoció que «el espacio público debe ser entendido como un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ese concepto abarca desde las nuevas obras que acometen las instituciones hasta actuaciones de mantenimiento para permitir una accesibilidad universal»
