El día 26 de junio del año 2018 ingresó en prisión provisional comunicada Pedro G.G., en calidad de principal acusado por el asesinato de Juan Carlos Rodríguez Borrego, un hombre residente en la aldea de La Chica Carlota, que fue dado por desaparecido en septiembre del año 2017. Tras una larga y compleja instrucción del caso por el juzgado de Posadas, las peticiones de pena para el presunto autor y su colaborador necesario, un abogado en ejercicio de Madrid, apuntan por primera vez en Córdoba a la prisión permanente revisable. El caso debe ser juzgado por un jurado popular bajo la jurisdicción de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba y está pendiente de señalamiento.
Este último asunto, el de la falta de fecha todavía para que se celebre el juicio, está provocando en la familia de la víctima preocupación porque está viendo que se aproxima el periodo máximo que el reo puede estar en prisión preventiva (cuatro años) y podría darse el caso de que el acusado tenga que ser puesto en libertad (en el mes de junio) antes de ser juzgado. Los hermanos de Juan Carlos consideran que durante la instrucción del caso se han ido conociendo detalles que demuestran la autoría del imputado y de la posibilidad de que éste, de ser liberado, pueda escapar finalmente de la acción de la justicia.
La familia Rodríguez Borrego no considera razonable esta situación, primero por los indicios y las pruebas que apuntan a la culpabilidad del acusado y, segundo, por la posibilidad de que salga fuera de España, ya que cuando fue detenido se halló en su poder documentación a nombre de un ciudadano colombiano. También, desde la desaparición de Juan Carlos, según la documentación de la instrucción a la que ha tenido acceso este periódico, el detenido utilizó documentación del fallecido para hacer compras y gestiones diversas.
La familia se alinea con las de otros casos muy conocidos en España en los que se reclama un cambio en la normativa que regula la prisión preventiva para que en delitos tan graves como éste se pueda prolongar la privación de libertad hasta que el caso se juzgue.
Sobre la situación generada en el conocido como crimen de La Chica Carlota se pronunció hace unos días el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, quien mostró su preocupación y pidió «acelerar al máximo el proceso». Zamorano dijo haber ordenado que «se ponga a disposición de esta causa toda la infraestructura disponible para que lo más rápido posible se puedan resolver las excusas de los miembros del jurado y pueda éste constituirse unos 20 o 25 días antes de que concluya el plazo». Pese a señalar el presidente de la Audiencia su voluntad de que se lleve a efecto el juicio, reconoció que «es complicado». Sobre el desarrollo del caso, Sánchez Zamorano explicó que la instrucción ha requerido numerosas y complicadas pruebas e informes que han debido evacuar tanto la Policía Científica como la Guardia Civil y que se ha dado un «cúmulo de circunstancias, desde la complejidad de la causa hasta las numerosas pruebas solicitadas, pero entiendo que no justifican los 4 años. Esperemos que esté resuelto en breve y haya tiempo de que se celebre el juicio antes de que se venza el plazo». El presidente de la Audiencia recuerda que en caso de que el recluso saliera en libertad «se adoptarían todas las medidas cautelares previstas por la ley: desde la geolocalización, hasta la obligatoriedad de presentarse a diario en el juzgado, control telemático y, por supuesto, retirada del pasaporte».
Sin embargo, la familia de la víctima recela de estas medidas, pues entienden que si ya le fue intervenida documentación con identidad falsa y uno de los delitos que se le imputan, además del asesinato, es el de usurpación de personalidad, podría volver a conseguir documentación falsa para huir.
