El partido animalista Pacma ha presentado una querella contra los 73 cazadores que participaron en una macromontería en una finca de la localidad cordobesa de Villaviciosa de Córdoba donde se abatieron 450 animales presuntamente criados en cautividad.
Pacma ha explicado que la querella se basa en el artículo 337 del Código Penal, por el que se tipifica el delito de maltrato animal con agravante de muerte de animales que, presuntamente, en algún momento de su vida han dependido del ser humano.
La montería tuvo lugar el pasado enero en la finca Los Posteruelos, un emplazamiento de 3.200 hectáreas utilizado como punto de encuentro habitual para cazadores.
El presidente del Partido Animalista, Javier Luna, ha denunciado que este tipo de prácticas son frecuentes, y que desmontan por completo las teorías de "control poblacional" con las que se justifica la actividad de la caza.
"En la mayoría de los casos estos animales son criados en las fincas, alimentados y puestos a disposición de los cazadores cuando alcanzan cierta edad. Son animales que, de alguna manera, han dependido de la mano humana en algún momento", ha explicado.
Pacma señala que los cazadores podrían haber pagado hasta 1.000 euros por escopeta para cazar, de media, unos seis animales cada uno, lo que supone "mucho más de lo que se suele obtener en un espacio abierto y más en el tiempo que emplearon", según sentencia la abogada del Partido Animalista, Cristina García.
Lo que Pacma intenta demostrar
Según ha explicado a este periódico la portavoz de Pacma, Yolanda Morales, la querella se ha interpuesto en el juzgado de Instrucción de Córdoba y están intentando demostrar cómo, supuestamente, estos cazadores, así como como el dueño de la finca, incumplieron el citado artículo del Código Penal.
Morales ha apuntado hacia las sospechas de Pacma de que los animales abatidos estuvieran siendo criados en cautividad, bien en la propia finca o bien en otro sitio desde donde fueron trasladados. El partido animalista asegura que se trata de una práctica habitual en el sector que implicaría, por lo tanto, el criar a los animales bajo el amparo del hombre.
Aunque sea de forma circunstancial, esto supondría una vulneración del Código Penal, que en su artículo 337 dice que es delito el menoscabo de la salud o la muerte provocada a animales que, temporal o permanentemente, vivan bajo el control humano o no vivan en estado salvaje.
Las sospechas vienen, detalla Morales, del hecho de que se abatiera a tantísimos animales en un periodo corto de tiempo, cuando esto no es lo habitual en la caza.
