Diario Córdoba

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JUZGADOS

El presidente de la Audiencia pide acelerar al máximo para evitar que salga en libertad el acusado del crimen de la Chica Carlota

Francisco Sánchez Zamorano ha puesto a disposición del proceso todos los medios materiales para evitar que llegue el 26 de junio, cuando se cumplen los 4 años, sin que se haya celebrado el juicio con jurado popular, aunque reconoce que es "complicado"

Juan Carlos Rodríguez Borrego desapareció en 2017 y fue hallado un año más tarde enterrado en el jardín de su casa en la Chica Carlota.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha mostrado su preocupación y ha pedido acelerar al máximo el proceso para evitar que el principal acusado del conocido como crimen de la Chica Carlota, que atiende a las iniciales P.G.G., pueda salir de la prisión antes de que se celebre el juicio, al haber expirado el tiempo máximo fijado por la ley de cuatro años de prisión preventiva. La familia de Juan Carlos Rodríguez Borrego, el hombre que fue hallado muerto, maniatado y enterrado en el huerto de su casa en la aldea cordobesa, denunció hace unos días que esa fecha se cumple el próximo 26 de junio y que hay muchas posibilidades de que no se pueda celebrar el juicio con antelación a la misma, por lo que el acusado podría quedar en libertad. Estos hechos se remontan a 2017.

Ante esta situación, el presidente de la Audiencia ha ordenado que se pongan a disposición de esta causa todos los medios materiales, a fin de agilizar al máximo el proceso. "Pondré a disposición de la causa toda la infraestructura disponible para que lo más rápido posible se puedan resolver las excusas de los miembros del jurado y pueda éste constituirse unos 20 o 25 días antes de que concluya el plazo", explica Sánchez Zamorano. La instrucción, que se ha desarrollado en el juzgado número 1 de Posadas, está pendiente de celebrarse en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, donde llegó en el mes de enero. Los hechos serán juzgados por un jurado popular, que hay que convocar, y se estima que el juicio durará unas dos semanas. "Vamos a tratar en la medida de lo posible que se pueda celebrar, pero es complicado", reconce.

Cabe recordar que en la calificación del fiscal y en el documento de apertura de juicio oral se pidió para el acusado la pena de prisión permanente revisable, la primera en Córdoba, a las que hay que sumar otras peticiones por otros delitos como estafa, robo con violencia, falsificación documental y tenencia ilícita de armas. El fiscal solicita también la aplicación de un delito de estafa al abogado --al que la familia considera inductor de los hechos-- por el que pide 5 años de prisión y doce meses de multa a razón de 100 euros diarios. Asimismo considera a las entidades bancarias responsables subsidiarias de los delitos de estafa continuada y falsedad documental.

Los familiares del fallecido temen que de no celebrarse el juicio se pudiera dar la salida en libertad del acusado e incluso la huida del país. Ante esta situación, los hermanos del fallecido reclaman que en casos como éste no se limite el tiempo de la prisión preventiva, porque se corre el peligro de que finalmente el presunto autor material de los hechos huya.

Medidas cautelares

Sánchez Zamorano explica, no para justificar la situación pero al menos sí para contextualizarla, que la instrucción de este caso ha requerido numerosas y complicadas pruebas e informes que han debido evacuar tanto la Policía Científica como la Guardia Civil. "Esta situación es un cúmulo de circunstancias, desde la complejidad de la causa hasta las numerosas pruebas solicitadas, pero entiendo que no justifican los 4 años. Esperemos que esté resuelto en breve y haya tiempo de que se celebre el juicio antes de que se venza el plazo", afirma.

Por lo demás, el presidente de la Audiencia recuerda que en el peor de los casos, esto es que efectivamente hubiera que poner en libertad al acusado, se adoptarían todas las medidas cautelares previstas por la ley: desde la geolocalización, hasta la obligatoriedad de presentarse a diario en el juzgado, control telemático y por supuesto retirada del pasaporte.

En última instancia, Francisco Sánchez Zamorano entiende que la lentitud de este procedimiento no es más que la consecuencia de la situación de la justicia y la falta de medios materiales y personales. El presidente de la Audiencia, que pronto presentará la memoria del 2021 con las mismas reivindicaciones del 2020, recuerda la necesidad de contar con más de jueces en Córdoba y más funcionarios en los juzgados de los pueblos. Además, reitera la mejora que supondría centralizar la violencia contra la mujer en un único juzgado en la capital, aprovechando lo bien comunicada que está la provincia. "No supondría alejar la justicia del ciudadano", asegura. Por último, reseña la importancia de que se despliegue la nueva oficina judicial y se ponga en marcha el expediente digital en la jurisdicción penal.

El cuerpo del fallecido fue hallado enterrado en el huerto que tenía en su casa de La Chica Carlota. CHENCHO MARTÍNEZ

Los hechos que se juzgan

Los escritos de conclusiones provisionales a los que ha tenido acceso este periódico recogen que el fallecido, que tenía diagnosticada una enfermedad mental, contactó con el referido abogado, amigo del presunto autor material del homicidio, para emprender acciones legales por unos supuestos abusos sexuales sufridos en su infancia.

Este letrado, "aprovechándose de dicha situación (la patología de su cliente) y sin tener intención de prestarle servicio jurídico alguno, formalizó encargo profesional con el mismo". También recogen que estableció un plan en el que, con la excusa de emplear un investigador privado para defender mejor sus intereses, puso en contacto a la víctima con el principal acusado, que utilizó una identidad falsa y se hizo pasar por sacerdote. "Y ello, a sabiendas del perfil criminal" de este procesado, a quien había representado en varios procesos penales.

Las calificaciones indican que el objetivo de los procesados fue lucrarse de la víctima, pero después de una primera visita el fallecido contactó con otro abogado diferente, lo que "precipitó los acontecimientos", según recogen estos documentos. Así, apuntan que en septiembre del 2017 el principal acusado acabó con la vida de la víctima "por estrangulación y sofocación, según concluyó posteriormente el informe de autopsia".

Añaden los citados documentos que el día seis de septiembre del 2017, el acusado, "con la irrevocable decisión de hacer desaparecer el cuerpo sin vida" de la víctima y "poder suplantar su identidad" y "disfrazado de sacerdote", adquirió en una ferretería de Valdepeñas (Ciudad Real) y con la tarjeta de crédito del fallecido, "todo lo necesario para tal fin: una carretilla, un pico, un par de guantes y un rollo de cuerda. Algunos de esos enseres fueron luego encontrados" en el domicilio de Rodríguez Borrego.

Estos escritos relatan las actuaciones posteriores al fallecimiento y recogen, entre otras circunstancias, que el principal procesado fue detenido en Madrid en enero del 2018 tras haberse apoderado, supuestamente, de unos 39.330 euros de una cuenta bancaria y alrededor de 9.000 euros de otra propiedad del difunto. Además, precisan que el segundo encartado "ha participado en los beneficios del fraude". Junto a la muerte de esta persona y el apoderamiento de su dinero, las calificaciones les atribuyen otros delitos como el robo de diversos objetos de su propiedad y la usurpación de su identidad.

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