La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este jueves que su Consejería opta, "preferentemente", por enajenar, en favor del Ayuntamiento de Palma del Río tres fincas rústicas propiedad de la Junta situadas en su término municipal, entre ellas la de Somonte, que lleva diez años ocupada por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que también mantiene un "diálogo", que "va por buen camino" respecto al futuro de la finca.
Así lo ha dado a conocer Crespo al responder a las preguntas sobre este asunto que le ha planteado la parlamentaria no adscrita por Córdoba Luz Marina Dorado, quien ha defendido que las fincas de La Palmosa, Guzmán y Somonte sigan bajo el paraguas de "una gestión pública", en primer lugar por una cuestión de "realidad histórica", ya que el Valle del Guadalquivir "ha sido los últimos 200 años un lugar donde el valor de la tierra ha estado muy presente, poniendo en evidencia valores de justicia social".
"En segundo lugar --ha proseguido--, nos encontramos en un momento donde la defensa del medio ambiente es crucial y pensamos que una gestión pública es el único modo de garantizar que la producción agropecuaria se comprometa con el respeto del mismo" y, además, las tres fincas "deben y pueden ser un recurso para el desarrollo sostenible de Palma del Río, reduciendo el paro, abrazando la soberanía alimentaria y haciendo del municipio un lugar de distribución más equitativa".
Ante ello y en referencia al decreto dictado en el 2021 por la Consejería de Agricultura, mediante el que se estableció el procedimiento para la enajenación de fincas rústicas propiedad de la Junta, Carmen Crespo ha señalado que dicho decreto "está en fase de actuaciones previas de aplicación", lo que "significa que la Delegación" de Agricultura de la Junta en Córdoba "está procediendo a la depuración física y jurídica de los bienes, y al mismo tiempo cumplimos con la legalidad vigente".
Encuentro el 4 de marzo
En este contexto, según ha explicado la consejera, el pasado 4 de marzo se mantuvo un encuentro "con responsables del sindicato" SAT, cuyos jornaleros ocupan la finca de Somonte, a los que se ha ofrecido "diálogo por parte de la Delegación" de Agricultura de la Junta en Córdoba "para explorar, dentro del marco del cumplimiento de la norma, todas las cuestiones que podamos al respecto".
En cualquier caso, Crespo ha señalado que el objetivo que se ha marcado su Consejería, en aplicación del referido decreto, es "enajenar estos bienes, que son patrimonio de la Junta de Andalucía, a otra administración pública, preferentemente", en este caso a "los ayuntamientos" en cuyos términos municipales se sitúan dichas fincas, en este caso el de Palma del Río.
Pero, si ello no fuera posible y "con las posibilidades que nos dé la norma, si los ayuntamientos no adquirieran las fincas", entonces la Junta optaría por profundizar en "ese diálogo que hemos tenido el día 4" con el SAT, para que pueda "tener su fruto" al abrir "posibilidades también para otras personas, como dice el decreto". De modo que, si no fuera posible la enajenación de las fincas de la Junta en Palma del Río en favor del Ayuntamiento de dicho municipio, pues "se explorarán otras fórmulas jurídicas, que sean conformes a la norma y a la Ley, para que tengan otras personas adicionalmente acceso a esas tierras", en este caso los jornaleros del SAT, considerando la consejera que, al respecto, "el diálogo va por buen camino".
No ha habido contactos Junta-Ayuntamiento
Precisamente sobre este aspecto se ha pronunciado el Ayuntamiento palmeño, que cree que las tres fincas rústicas de La Palmosa, Guzmán y Somonte deben seguir en manos de la Administración autonómica.
Así lo han señalado a fuentes del Consistorio palmeño, que encabeza la alcaldesa socialista Esperanza Caro de la Barrera, quienes han asegurado que desde la Junta "no se han puesto en contacto" con el Consistorio respecto a este tema.
Además, las mismas fuentes han precisado que "en el Ayuntamiento se entiende que, si ya están en manos públicas" dichas fincas rústicas, en este caso como propiedad de la Junta de Andalucía, pues "que siga así", no habiéndose planteado el Consistorio que las fincas pasen a ser de titularidad municipal.
