La provincia de Córdoba dispondrá de una inyección pública de 32,16 millones de euros a través del Plan territorial de Transición Justa que prepara la Junta de Andalucía para favorecer la diversificación de su tejido industrial y compensar los costes socioeconómicos, laborales y medioambientales que implican la descarbonización de la economía y la neutralidad climática impuestas por la UE. La Consejería de Transformación Económica ha informado al Consejo de Gobierno del diseño y puesta en marcha de este instrumento, que pondrá el acento en el fomento de las actividades industriales sostenibles y en la creación y consolidación del empleo en este sector, por su mayor calidad, cualificación profesional y estabilidad.

Esta herramienta estará lista este año, una vez sea validada por la Comisión Europea. Su puesta en marcha supondrá la creación y mantenimiento de 4.100 empleos, tendrá incidencia sobre 100 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco grandes proyectos.

El presupuesto con el que contará el plan procede del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que posee 17.500 millones de euros para brindar apoyo a aquellas regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero. El objetivo de este fondo es evitar el aumento de las disparidades mediante la inversión en territorios con más dificultades para afrontar dicho cambio. Entre las regiones susceptibles de beneficiarse de las ayudas, la Comisión identifica a la provincia de Córdoba como destino preferente de intervención.

De ese instrumento comunitario se le ha asignado a España 868,7 millones, de los que 153,6 corresponden a Andalucía. Su uso se articulará a través de planes territoriales de Transición Justa, que deben elaborar los Estados miembros en colaboración con los gobiernos regionales. Fruto de esa cooperación entre administraciones, la Junta ya ha remitido al Gobierno central las propuestas.

Córdoba, que registra 36.900 trabajadores industriales, afrontó en 2020 el cierre de la Central de Puente Nuevo, lo que afectó a 129 puestos de trabajo, así como a las empresas de transporte y distribución de carbón. El cese de actividad de esta planta motivó que los municipios afectados iniciaran, de la mano del Gobierno central y la Junta, un proceso de búsqueda de alternativas económicas.

Además, en la comarca del Valle del Guadiato más directamente perjudicadas por esta decisión, se viene observando una grave tendencia a la despoblación, con una pérdida de residentes del 17% de su población entre 1998 y 2019, siendo especialmente significativa el descenso del colectivo en edad laboral (20-50 años).

Se busca, igualmente, fomentar las industrias tradicionales, como el sector de la madera y el mueble. En esta área, se persigue mejorar sus canales comerciales y logísticos, modernizar sus factores productivos y promover la formación y capacitación de las personas trabajadoras. De igual modo, se deberá afrontar su transición ecológica y digital o la certificación de sus productos, sistemas y empresas.

Por otro lado, esta estrategia de trabajo contempla dinamizar el sector del frío industrial y climatización. También explorará las sinergias y colaboración con otros sectores como el de la distribución de alimentación, de la salud y bienestar de las personas, la depuración y tratamiento del aire o la producción de agua. Asimismo, se apoyará la automatización, desarrollo y aplicación de tecnologías TIC en la industria, en la construcción y en área del equipamiento militar, con especial hincapié en las oportunidades ligadas a la futura base logística.